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La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas ante el incremento en las tarifas del gas domiciliario en Colombia, anunciando un estricto monitoreo para evitar afectaciones desproporcionadas a los sectores más vulnerables de la población. La entidad, en el marco de sus funciones de vigilancia y control, ha manifestado su preocupación por el impacto que estos aumentos pueden generar en los hogares colombianos, especialmente en aquellos con menores recursos económicos, que dependen del servicio para su bienestar diario.
El ente de control exhortó a las autoridades competentes a adoptar medidas que protejan los derechos de los usuarios y garanticen que cualquier ajuste en las tarifas se realice con transparencia y en estricto cumplimiento de la normativa vigente. En este contexto, la Procuraduría enfatizó la necesidad de un análisis riguroso sobre los factores que han llevado al incremento de los costos del gas y la urgencia de implementar estrategias que amortigüen sus efectos en la economía familiar.
En este sentido, la Procuraduría instó al Ministerio de Minas y Energía a revisar las políticas públicas que han propiciado el alza en los precios y a proponer soluciones efectivas para mitigar su impacto en los consumidores. También subrayó la importancia de desarrollar mecanismos de regulación que permitan estabilizar los costos y evitar fluctuaciones abruptas que puedan afectar el acceso a este servicio esencial.
Asimismo, demandó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fortalecer la supervisión sobre la legalidad de los incrementos tarifarios y asegurar que las empresas proveedoras cumplan con los criterios establecidos para la fijación de precios. A la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le solicitó adoptar medidas urgentes en el marco regulatorio para asegurar que los precios sean justos y razonables, considerando las condiciones económicas actuales del país y las necesidades de la población más vulnerable.
En su pronunciamiento, el Ministerio Público también requirió a las empresas distribuidoras de gas natural mayor claridad y diligencia en la información proporcionada a los consumidores. Exigió explicaciones detalladas sobre las razones de los aumentos y sus implicaciones económicas para la ciudadanía, instando a las compañías a actuar con responsabilidad y compromiso social. La falta de transparencia en estos procesos puede generar desconfianza y malestar en la población, por lo que se hace imprescindible garantizar el acceso a información clara, precisa y de fácil comprensión.
Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso con una vigilancia preventiva y un control riguroso para garantizar la prestación eficiente, oportuna y equitativa del servicio de gas domiciliario en el país. Señaló que continuará realizando seguimientos detallados sobre el comportamiento del mercado del gas y la implementación de medidas por parte de las entidades reguladoras. Advirtió, además, que de evidenciar irregularidades en la aplicación de los incrementos tarifarios o en la gestión del servicio, tomará las acciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de la legislación vigente.
La entidad concluyó su pronunciamiento recordando que el acceso a los servicios públicos esenciales debe garantizarse bajo condiciones de equidad y sostenibilidad, evitando cargas excesivas para los ciudadanos. Por ello, reiteró su llamado a la acción coordinada de los entes reguladores y de las empresas prestadoras del servicio, en aras de encontrar soluciones efectivas y equitativas que beneficien a la mayoría de la población colombiana.
carloscastaneda@prensamercosur.org
