Uruguay – El gobierno de Uruguay adjudicó la licitación para la adquisición de libretas de pasaportes a la empresa lituana UAB Garsu Pasaulis, especializada en impresión de documentos oficiales. Sin embargo, la compañía tiene antecedentes polémicos en varios países, lo que ha generado cuestionamientos sobre el proceso de contratación.
La empresa fue señalada por autoridades de Lituania, su país de origen, como un riesgo para la seguridad nacional, lo que llevó a la cancelación de un contrato vigente hasta 2028 por 100 millones de euros. Según una investigación de la Radio y Televisión Nacional de Lituania (LRT), la compañía está vinculada con el magnate Viktor Shevtsov, cercano al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
Además, Garsu Pasaulis estuvo involucrada en un escándalo en Kirguistán, donde una licitación para pasaportes biométricos fue cancelada por sospechas de corrupción. La disputa derivó en un juicio internacional en el que la empresa inicialmente perdió su reclamo de indemnización, aunque posteriormente logró revertir el fallo y recibir más de un millón de euros en compensación.
A pesar de estos antecedentes, el gobierno uruguayo procedió con la adjudicación. El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2023, contemplaba la compra de 819.000 libretas de pasaporte, equipos de impresión y mantenimiento. Si bien en primera instancia la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) recomendó otorgar el contrato a un consorcio argentino-irlandés, posteriormente, tras un nuevo análisis y observaciones de Garsu Pasaulis, se resolvió en favor de la firma lituana.
El Ministerio del Interior aclaró que la empresa solo proveerá el material para las libretas y no tendrá acceso a los datos personales ni a la información del chip electrónico. Asimismo, defendió la licitación argumentando que se llevó a cabo conforme a la normativa y que la compañía ha trabajado con otros países.
El contrato implica un desembolso total de 4,8 millones de dólares hasta 2028, con un costo unitario de 5,84 dólares por pasaporte. La adjudicación ha generado debate y llamados a una mayor transparencia en las contrataciones estatales.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
