Gustavo Petro, Presidente de Colombia
El Consejo de Estado puso fin a la controversia legal que surgió tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en agosto de 2024 se refirió a ciertas periodistas como “muñecas de la mafia”. La acción de tutela presentada por el abogado Germán Calderón España y 16 destacadas periodistas colombianas fue rechazada, determinando que la expresión del mandatario no vulneró derechos fundamentales.
El alto tribunal concluyó que Calderón España no tenía legitimidad para actuar en este proceso y que las periodistas afectadas no fueron mencionadas de manera específica, lo que impidió considerar la afirmación como un ataque directo contra su honra o dignidad. En su fallo, el Consejo de Estado enfatizó que, aunque la expresión pueda ser interpretada como un estereotipo estigmatizador, no hubo una vulneración directa de derechos fundamentales al no haber destinatarias concretas de la declaración.
“Es preciso indicar que la expresión utilizada por el primer mandatario, en el contexto en que fue emitida, no tuvo la entidad de vulnerar derechos fundamentales de las accionantes. A pesar de constituir un estereotipo estigmatizador, no se trató de señalamientos dirigidos contra personas específicas”, señala el fallo.
Asimismo, el Consejo de Estado subrayó que el discurso de Petro, pronunciado el 30 de agosto de 2024, tenía como propósito exaltar el papel de la mujer en la sociedad colombiana. En particular, destacó su respaldo a la conformación de la terna para la Defensoría del Pueblo y el impacto positivo que, según su visión, tendría la designación de una mujer en dicho cargo.
“Reconoció la lucha que estas han tenido que afrontar y manifestó la importancia y el impacto positivo en la sociedad colombiana que, en su concepto, genera que una mujer sea designada como defensora del pueblo por primera vez”, concluyó el fallo.
El caso generó un amplio debate en el país, con voces a favor y en contra de la decisión. Algunos sectores sostienen que el fallo fortalece la libertad de expresión y el derecho de los líderes políticos a pronunciarse sobre asuntos de interés nacional sin miedo a represalias legales. Por otro lado, organizaciones feministas y defensoras de la prensa han manifestado su preocupación por el uso de términos que pueden perpetuar estereotipos negativos sobre las mujeres periodistas.
Varios analistas han señalado que este pronunciamiento del Consejo de Estado podría sentar un precedente en futuras controversias relacionadas con las declaraciones de figuras públicas. La relación entre el poder político y los medios de comunicación sigue siendo un tema álgido en Colombia, y este fallo aviva la discusión sobre los límites del lenguaje en el debate público.
En tanto, el gobierno ha reiterado su compromiso con la libertad de prensa y el respeto a la labor periodística, asegurando que la declaración del presidente no tuvo la intención de descalificar a ninguna profesional en particular. Mientras tanto, sectores opositores continúan criticando el tono del mandatario y exigen mayor prudencia en sus pronunciamientos.
Con esta decisión, el Consejo de Estado sella el debate jurídico en torno a las declaraciones presidenciales, consolidando un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito político y el derecho al buen nombre. No obstante, el impacto de este caso en la relación entre el gobierno y la prensa colombiana podría seguir generando repercusiones en los próximos meses.
carlos castaneda@prensamercosur.org
