

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha solicitado a la Comisión Europea que acelere la implementación de las medidas previstas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, un tratado que permanece en discusión y sobre el cual la organización insta a actuar sin más dilaciones. Esta petición surge tras un análisis detallado de la reciente comunicación de la Comisión sobre la Visión de la Agricultura y la Alimentación, presentada la semana pasada.
La organización agraria ha valorado positivamente que la Comisión Europea haya comenzado a incorporar el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales, una demanda que busca proteger el modelo productivo europeo frente a prácticas desleales. Según lo anunciado, Bruselas fomentará estándares equivalentes en productos importados, especialmente en áreas como el uso de pesticidas, el bienestar animal y la seguridad alimentaria. Además, se fortalecerán los controles sobre las importaciones y se aplicarán sanciones más estrictas en casos de incumplimientos.
Sin embargo, Unión de Uniones considera que este enfoque sigue siendo insuficiente. La organización subraya que las condiciones sociales también deberían ser incluidas como parte esencial de los estándares de producción, ya que estas influyen directamente en la competitividad y pueden generar desigualdades en el mercado. «El movimiento se demuestra andando», han señalado desde la organización, advirtiendo que no bastan las intenciones; se requiere acción inmediata. «No se puede esperar a 2027 teniendo el acuerdo de Mercosur sobre la mesa», insistieron.
En otro frente, Unión de Uniones ha mostrado su descontento con ciertos aspectos de las propuestas para la Política Agraria Común (PAC) post-2027. La organización ha cuestionado que las ayudas prioricen a jóvenes agricultores, explotaciones mixtas y zonas con limitaciones naturales sin antes alcanzar un consenso sobre quién debe ser considerado un agricultor activo. Según su postura, esta figura debería definirse como aquella persona cuyos ingresos provienen mayoritariamente de actividades agrícolas.
La falta de una definición clara convierte a la PAC en un «coladero», argumenta la organización, beneficiando a quienes no dependen principalmente del campo para su sustento. Además, Unión de Uniones considera que las propuestas actuales para reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria son insuficientes e incluso contraproducentes en algunos casos. «Algunas medidas planteadas en el borrador de revisión de la Organización Común de Mercados (OCM) van en sentido contrario al objetivo de generar ingresos justos para todos los eslabones de la cadena», advirtieron.
Otro punto destacado por Unión de Uniones es el cuestionamiento a la ambición ambiental planteada por la Comisión Europea. Según la organización, el Ejecutivo comunitario parece haber reconocido que elevar continuamente los estándares internos, como en el caso de las restricciones a sustancias fitosanitarias, puede tener consecuencias negativas para el potencial productivo del sector agrícola europeo.
En lugar de aumentar las restricciones, Bruselas parece inclinarse hacia incentivar prácticas sostenibles como la absorción de carbono y la producción de energías renovables dentro del sector agrícola. No obstante, Unión de Uniones advierte que estas iniciativas podrían generar una nueva carga burocrática para las explotaciones agrarias. Por ello, esperan que la Comisión ofrezca alternativas viables que permitan alcanzar estos objetivos sin perjudicar a los agricultores.
En conclusión, aunque Unión de Uniones reconoce ciertos avances en las propuestas de la Comisión Europea, insiste en que aún hay mucho trabajo por hacer. Desde su perspectiva, es esencial que las instituciones europeas traduzcan sus intenciones en acciones concretas y efectivas, especialmente en lo relacionado con el acuerdo con Mercosur y las reformas de la PAC. Solo así se podrá garantizar un futuro justo y sostenible para el sector agrícola europeo.
