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En un esfuerzo sin precedentes para transformar la vida de quienes están próximos a recobrar su libertad, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha un ambicioso programa de resocialización que busca cambiar el destino de cientos de personas privadas de la libertad. Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Fundación Acción Interna, esta iniciativa se convierte en una de las estrategias más integrales para la reinserción social y laboral en el país.
El programa, respaldado por un sólido bloque de 47 entidades aliadas –31 del sector privado y 16 del sector público–, tiene como objetivo ofrecer acompañamiento y servicios pospenitenciarios a internos que están a punto de recuperar su libertad. La estrategia se implementa en siete establecimientos de reclusión a nivel nacional, donde se brindan herramientas esenciales para la reconstrucción de proyectos de vida, reduciendo la reincidencia y facilitando la reintegración efectiva a la sociedad.
Históricamente, la población carcelaria en Colombia ha enfrentado múltiples barreras al salir de prisión. El estigma, la falta de oportunidades laborales y la ausencia de apoyo estructural han sido factores determinantes en el alto índice de reincidencia delictiva. Según datos oficiales, cerca del 20% de las personas que recuperan su libertad vuelven a delinquir en menos de dos años, una cifra que este programa busca reducir drásticamente.
Para ello, la iniciativa no solo contempla asistencia en trámites legales y documentación, sino que también proporciona capacitación en habilidades laborales, apoyo psicológico, orientación en emprendimiento y vinculación con el sector productivo. En un país donde el acceso al empleo es un desafío incluso para quienes no tienen antecedentes judiciales, el programa se convierte en un puente real hacia la dignidad y la estabilidad.
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la participación del sector privado. Empresas de diferentes industrias han sumado esfuerzos para generar oportunidades laborales dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios, apostando por un modelo de justicia restaurativa que permita a los exprivados de la libertad reinsertarse de manera efectiva.
“El compromiso del sector empresarial es clave en este proceso. No se trata solo de brindar formación, sino de generar empleabilidad real, de abrir espacios en la sociedad para que estas personas puedan demostrar que son más que su pasado”, explicó un vocero del Ministerio de Justicia.
Desde la Fundación Acción Interna, que lleva años trabajando en la resocialización de la población carcelaria, destacan que este tipo de programas no solo benefician a quienes recuperan su libertad, sino a toda la sociedad. “Cuando una persona logra reinsertarse exitosamente, se rompe el círculo de la delincuencia y se fortalece el tejido social. Estamos trabajando por un país donde las segundas oportunidades sean una realidad”, expresó su representante.
El impacto positivo que ya comienza a generar esta iniciativa abre la puerta para su expansión en más centros de reclusión. La articulación entre el Estado, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil se perfila como un modelo exitoso que podría replicarse en otras regiones del país, e incluso en el ámbito internacional.
Más allá de la teoría, esta estrategia está demostrando con hechos que la resocialización no es solo un ideal, sino un camino viable cuando existen voluntad política y compromiso social. Mientras el programa avanza, Colombia da un paso adelante en la construcción de una justicia más humana, donde la libertad no sea solo la apertura de una celda, sino el verdadero inicio de una nueva oportunidad de vida.
carloscastaneda@prensamercosur.org
