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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado enérgico a los mandatarios municipales y distritales para que cumplan con su obligación legal de garantizar un servicio de alumbrado público eficiente y adecuado, recordando que los recursos recaudados a través del impuesto de alumbrado deben destinarse únicamente a su prestación, mejora, modernización y ampliación.
El ente de control subrayó que, conforme a la normatividad vigente, los municipios y distritos son directamente responsables de este servicio, ya sea mediante administración propia o a través de empresas especializadas que garanticen su idoneidad. Asimismo, advirtió que el alumbrado público no solo es un componente esencial del desarrollo urbano, sino que impacta de manera directa en la seguridad ciudadana y la vida comunitaria.
A través de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, la Procuraduría reiteró su papel en la vigilancia y prevención de posibles irregularidades en la administración de estos recursos, instando a los alcaldes a actuar con diligencia y transparencia en su ejecución.
El organismo de control enfatizó que, en aquellos municipios donde se haya implementado el impuesto de alumbrado público, es imperativo que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente para el fin establecido, evitando desviaciones o usos indebidos que perjudiquen a las comunidades.
Finalmente, la Procuraduría reafirmó su compromiso con la protección de los derechos ciudadanos y la garantía de una gestión eficiente y transparente en la prestación de los servicios públicos, advirtiendo que vigilará de cerca el cumplimiento de estas disposiciones para evitar posibles sanciones o investigaciones disciplinarias.
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