Actividades ilegales aumentan deforestación en la Mata Atlántica

El uso del suelo para la ganadería, la producción de carbón vegetal y las plantaciones de soja fue el principal responsable de la devastación de la Mata Atlántica entre 2010 y 2020, causando la pérdida de una superficie equivalente a 200.000 campos de fútbol. La deforestación, concentrada en pequeñas áreas de grandes propiedades privadas, a menudo presentó indicios de ilegalidad.

Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Universidad de São Paulo y la ONG SOS Mata Atlántica analizaron imágenes satelitales de las regiones de Mata Atlântica durante el periodo, revelando la tala de más de 186.000 hectáreas de bosque maduro en 14.000 puntos distintos, desde el litoral del Nordeste hasta el sur del país.

El estudio, publicado en la revista Nature Sustainability bajo el título «Patrones alarmantes de pérdida de bosques maduros en la Mata Atlántica brasileña» (en traducción libre), identificó patrones espaciales y temporales de deforestación, considerando la ubicación geográfica, el tamaño de las áreas afectadas, el tipo de propiedad y el uso del suelo posterior a la tala.

El estado de Bahía fue el más afectado, especialmente en la región limítrofe con Minas Gerais, donde las plantaciones de eucalipto para la producción de carbón vegetal utilizado en centrales termoeléctricas representan una actividad clave. La mitad de los puntos de deforestación registrados se concentró en esta área, que también sufre la presión de actividades mineras. En Paraná y Santa Catarina, el otro punto crítico señalado por el estudio, también se registraron importantes pérdidas de bosque maduro.

Además del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación afecta la disponibilidad y calidad del agua que abastece a las ciudades. «Estamos hablando de una región que concentra la mayor parte de la población del país. La pérdida de cobertura forestal repercute en toda la sociedad, con efectos más severos para los sectores más pobres, que sufren directamente las consecuencias del aumento de los precios de los alimentos, las inundaciones y la crisis climática», señala el estudio.

Silvana Amaral, coautora del estudio e investigadora del INPE, destacó que la deforestación dentro de tierras indígenas, quilombolas y otras áreas protegidas, aunque menor en volumen, presenta índices preocupantes. «Esto subraya la necesidad de fortalecer el apoyo a estas comunidades y mejorar la gobernanza ambiental», afirmó en un comunicado. Los investigadores sugieren que, además de reforzar la aplicación de la Ley de la Mata Atlántica, es crucial invertir en la restauración de ecosistemas degradados, ampliar las áreas protegidas y promover el desarrollo sostenible.

El estudio comenzó cuatro años después de la aprobación de la Ley Forestal Atlántica de 2006. Según Luís Fernando Guedes Pinto, director ejecutivo de la Fundación SOS Mata Atlántica, los gobiernos cuentan con suficiente base legal para frenar este tipo de actividades. «Esto ha atravesado varios gobiernos. Casi toda esta deforestación es ilegal y pudo haber sido combatida por el Estado, pero eso no ocurrió», afirmó.

Para Guedes Pinto, es esencial reforzar los mecanismos de aplicación de la ley y crear incentivos económicos que hagan viable la conservación, especialmente en propiedades privadas. «No podemos depender solo del control y el castigo. Necesitamos ofrecer alternativas económicas para que la preservación sea una opción real», concluyó.