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La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su vigilancia sobre la prestación del servicio de alimentación para la población carcelaria, así como sobre el proceso de selección del nuevo operador encargado de esta función, ante persistentes fallas que comprometen la salubridad y calidad de los alimentos en varios centros penitenciarios del país.
El ente de control ha recibido múltiples quejas de personas privadas de la libertad sobre las condiciones indignas en que se presta el servicio, lo que ha llevado a la Procuraduría a exigir a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) una pronta solución a esta problemática que vulnera derechos fundamentales.
A pesar de los compromisos asumidos en diversas mesas de seguimiento lideradas por la Procuraduría, los avances han sido escasos y la situación en algunos centros carcelarios sigue siendo crítica. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha exhortado a la USPEC, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la interventoría y a los operadores a trabajar de manera coordinada para implementar planes de mejora y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.
Además, el órgano de control ha anunciado un estricto seguimiento al proceso de licitación para la selección del nuevo operador del servicio de alimentación, cuyo contrato asciende a 623 mil millones de pesos y que reemplazará al actual a partir del 31 de marzo de este año.
Asimismo, la Procuraduría ha instado al Ministerio de Justicia y del Derecho a fortalecer la articulación con las entidades territoriales, en cumplimiento de la Ley 2346 de 2024, que establece la responsabilidad de estas entidades de garantizar la alimentación de los privados de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) desde el 1 de julio de 2025, asegurando así los estándares nutricionales y de seguridad alimentaria exigidos.
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