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La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un contundente llamado de atención a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para que agilice el proceso de elección del representante del sector privado en su consejo directivo, cuya ausencia está afectando la operatividad de la entidad. El proceso, que fue declarado desierto en agosto pasado, ha encendido las alarmas del Ministerio Público, que advierte sobre los riesgos que esta situación representa para la gestión ambiental en la región.
El consejo directivo de la CAR desempeña funciones esenciales como la adopción de estatutos, la definición de la planta de personal, la autorización de créditos y la participación en la creación de sociedades. Además, tiene la responsabilidad de aprobar la estructura interna, los planes de gestión y los presupuestos, así como de elegir o remover al Director General de la entidad. La falta de uno de sus integrantes no solo compromete la toma de decisiones clave, sino que también podría poner en jaque la eficacia y el normal funcionamiento de la corporación.
Las CAR en Colombia son pilares fundamentales en la implementación de políticas, planes y programas para la preservación y protección del medio ambiente. Además, fomentan la participación comunitaria en la defensa de los recursos naturales, lo que convierte la conformación completa de sus consejos directivos en una necesidad urgente.
Frente a esta situación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado a la CAR Cundinamarca a completar el proceso de selección sin más demoras. En respuesta, la entidad informó la emisión de la Resolución 20257000042 del 30 de enero de 2025, mediante la cual se abrió una invitación pública para la participación en el proceso de elección.
Sin embargo, la Procuraduría advirtió que mantendrá su vigilancia sobre la situación, ya que además del representante del sector privado, sigue pendiente la elección del delegado de las universidades. La falta de estos representantes no solo retrasa la gestión administrativa de la CAR, sino que también obstaculiza la participación de actores clave en la defensa del medio ambiente en Cundinamarca.
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