Polémica decisión judicial: Jueza Cinthia Garcete otorga arresto domiciliario a peligroso delincuente

Polémica decisión judicial: Jueza Cinthia Garcete otorga arresto domiciliario a peligroso delincuente

En plena feria judicial, la jueza Cinthia Garcete ha vuelto a generar indignación al conceder arresto domiciliario a Juan Carlos Martínez López, un delincuente procesado por robo agravado. La medida, dictada el 28 de enero a través del A.I. 165, despierta sospechas debido a los antecedentes de la magistrada y las circunstancias del caso.

Martínez López fue capturado el 11 de junio de 2024 junto con otros dos cómplices tras asaltar una farmacia en Minga Guazú. Durante el operativo, la policía incautó un automóvil, armas de fuego y teléfonos celulares, además de contar con el testimonio de las víctimas y las imágenes de circuito cerrado como pruebas contundentes. A pesar de ello, la jueza decidió otorgarle una medida alternativa, lo que en la práctica equivale a dejarlo en libertad, ya que la Policía no cuenta con los recursos para controlar el cumplimiento del arresto domiciliario.

Una jueza con antecedentes cuestionables

Cinthia Garcete no es ajena a la polémica. Su historial está marcado por resoluciones que benefician a delincuentes y políticos corruptos, mientras su patrimonio crece de manera sospechosa. Entre sus decisiones más cuestionadas se encuentra el blanqueo de los exintendentes de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod, la liberación de un feminicida y el favorecimiento a un expolicía procesado por abuso sexual infantil.

Además, la jueza ha sido denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por su mal desempeño en casos de gran impacto, como el de los policías que ejecutaron a balazos a una pareja en un fallido operativo en 2022. También enfrenta una denuncia penal por cohecho pasivo agravado.

Enriquecimiento bajo sospecha

Desde su nombramiento como jueza penal en 2016, el patrimonio de Garcete ha crecido exponencialmente, pasando de unos pocos millones de guaraníes a más de G. 1.500 millones en 2019. A pesar de que sus ingresos como magistrada no justifican este crecimiento, ni la Contraloría ni el Ministerio Público han investigado seriamente su situación.

La liberación de Martínez López refuerza la percepción de que la justicia en Paraguay favorece a quienes pueden pagar más. Mientras jueces como Garcete sigan dictando resoluciones sospechosas sin consecuencias, la seguridad de la ciudadanía seguirá en riesgo.