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La Sección Segunda del Consejo de Estado ha admitido una tutela interpuesta por el jurista Germán Calderón España, dirigida a la Presidencia de la República y diversas entidades del Gobierno Nacional, en un esfuerzo por proteger a la población infantil y adolescente de la región del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno en Colombia. Esta acción legal busca asegurar la protección, el bienestar y el desarrollo integral de los menores en una región donde la violencia ha marcado la vida cotidiana y ha puesto en grave riesgo a los niños, niñas y adolescentes.
En su tutela, Calderón España plantea dos exigencias clave que, de ser aceptadas por el Consejo de Estado, podrían marcar un precedente en la protección de los derechos fundamentales de los menores en el contexto de un conflicto prolongado. La primera de estas peticiones consiste en ordenar al Ministerio del Interior la realización de un censo exhaustivo de la población menor de edad en el Catatumbo, con el objetivo de identificar y priorizar a aquellos que se encuentren en situaciones de extrema vulnerabilidad debido a los efectos del conflicto armado. Esta medida, según el jurista, es urgente para garantizar la protección de los menores y permitir una respuesta eficaz ante la crisis humanitaria que atraviesa la región.
Una de las medidas más drásticas solicitadas en la tutela es la reubicación de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, junto con sus núcleos familiares más cercanos, en diversas capitales del país. La propuesta consiste en trasladarlos de manera segura a zonas alejadas del conflicto, con el objetivo de garantizar su seguridad y evitar que sigan siendo víctimas de la violencia. El censo realizado por el Ministerio del Interior sería clave para llevar a cabo esta reubicación de manera organizada y efectiva, brindando a cada niño y su familia el apoyo necesario durante el proceso de traslado.
En segundo lugar, Calderón España exige que el Gobierno Nacional garantice a los menores y sus familias una serie de derechos básicos que les han sido sistemáticamente negados debido a las condiciones extremas en las que viven. Entre estas solicitudes se encuentran el acceso a educación de calidad, atención en salud, acceso a la cultura, recreación y deporte, así como la provisión de vivienda digna. Estas medidas, según el jurista, son fundamentales para asegurar el desarrollo integral de los menores y brindarles un futuro lejos de la violencia y el desplazamiento forzado.
El magistrado ponente del caso es el Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar, quien deberá analizar la petición y emitir un fallo en los próximos días. La decisión del Consejo de Estado será clave para determinar si el Gobierno Nacional debe asumir la responsabilidad de implementar estas medidas urgentes en favor de la población más vulnerable del Catatumbo.
La tutela de Calderón España llega en un momento crítico para la región, donde la violencia del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales han desbordado las capacidades del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. La respuesta del Gobierno ante esta acción judicial será crucial no solo para la región del Catatumbo, sino también para el futuro de las políticas de protección infantil en Colombia, en un país donde la guerra y la pobreza han dejado cicatrices profundas en la vida de miles de niños y niñas.
Se espera que el Gobierno dé una respuesta pronta y efectiva a las demandas de la tutela, conscientes de que el tiempo es un factor crucial en la protección de los derechos de los menores en situaciones de vulnerabilidad extrema. La tutela busca un compromiso firme del Estado con la infancia y la adolescencia, pilares fundamentales para la construcción de una paz duradera en el país
carloscastaneda@prensamercosur.org
