Carlos Castañeda
Imagen Gobernación de Boyacá
La Veeduría Ciudadana contra la Corrupción ha emitido una alerta sobre posibles irregularidades en el proceso de selección para la adquisición de 86 equipos destinados al arreglo de vías en Boyacá. El contrato, valorado en más de 85 mil millones de pesos, contempla la compra de 15 vehículos, 6 equipos de pavimentación y 65 equipos de construcción.
Según el organismo, el proceso podría estar vulnerando principios de transparencia y legalidad, con indicios de prácticas de corrupción. En un documento de 12 páginas enviado a la Gobernación de Boyacá, la Veeduría detalla cómo los requisitos establecidos restringen la participación y podrían favorecer a un solo oferente.
Entre las principales observaciones destacan:
- Especificación de marcas exclusivas: Se incluyen referencias de equipos que solo tienen un distribuidor exclusivo en Colombia, lo que, según la Veeduría, excluye injustamente a empresas con décadas de experiencia en la comercialización de maquinaria. Este tipo de exigencia es ilegal y podría anular el contrato.
- Requisitos desproporcionados: Se exige que los proponentes cuenten con licencia de transporte terrestre de carga, una condición que, según el informe, no corresponde al objeto del contrato y afecta a empresas que no se dedican al transporte de mercancías.
- Permisos ajenos al objeto del contrato: La solicitud de permisos de escolta de mercancías, expedidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, también ha sido calificada como innecesaria.
- Infraestructura en puertos: Los oferentes deben contar con bodegas en al menos dos ciudades portuarias (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, Buenaventura o Tumaco), lo que, según el informe, excluye a las empresas del sector, cuya infraestructura no suele ubicarse en estas zonas.
- Errores en el cronograma: El cronograma considera los sábados como días hábiles, lo que reduce los tiempos del proceso y podría limitar la participación de más oferentes.
La Veeduría advierte que las condiciones establecidas en la licitación generan serias sospechas de estar diseñadas para beneficiar a una empresa específica, lo que podría comprometer la transparencia del proceso y los intereses públicos.
La Gobernación de Boyacá aún no se ha pronunciado sobre esta denuncia, que ha generado inquietud entre los sectores empresariales y ciudadanos atentos al uso de los recursos públicos.
carloscastanedaprensamercosur.org
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Redacción Central
Hernán Sabater
Alexis Martínez Diaz
