La Iglesia Católica de Uruguay creó una comisión para mejorar la prevención del abuso sexual

Los obispos acordaron establecer un grupo que tendrá como objetivos actualizar una guía elaborada en 2016, así como coordinar, dar seguimiento a casos y avalar cursos de capacitación dentro de la institución

La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) creó una comisión que se encargará de profundizar la prevención de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica del país. La decisión –informada por Búsqueda– fue tomada en noviembre en un encuentro de obispos en el que acordaron que era necesario “establecer una cultura en relación con el cuidado y la prevención de abusos”.

La medida aplicará para las distintas comunidades de la institución, como las parroquias, los colegios, las obras sociales y los centros de atención. El grupo que se creó tiene el nombre Comisión Nacional para la Prevención de Abusos, Protección de Menores y Adultos Vulnerables y Promoción de una Cultura del Cuidado.

Los obispos fijaron como objetivo para esta institución actualizar una guía de prevención de abusos que ya fue elaborada en 2016. Además, deberá coordinar, dar seguimiento y avalar cursos de capacitación y sensibilización dentro de la Iglesia, así como ofrecer asesoramiento en estos temas a las autoridades de la institución. Trabajará de 2025 a 2028.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla (Iglesia Católica de Uruguay)

Para conocer el origen de este trabajo hay que remontarse a 2016. Ese año, los obispos escribieron la carta Perdón y compromiso, en la que pidieron disculpas por los abusos cometidos por religiosos contra menores de edad y pusieron a disposición un número de teléfono para hacer denuncias en el país. Fue entonces que pidieron al departamento de Educación Católica que trabajara en la preparación de una guía para la protección de menores.

¿Qué establecía esa guía?: “Queremos que sea un instrumento conocido y puesto en práctica por todos los clérigos, miembros de la vida consagrada y agentes pastorales de nuestras comunidades, instituciones educativas y obras sociales, renovando así nuestro compromiso para que en los espacios eclesiales no sean vulnerados los derechos de los más indefensos”, indicaba la introducción, consignada por el medio uruguayo.

El documento define qué es el abuso sexual y sus etapas. También establece cuál es el marco legal en el país, los indicadores físicos que existen, las conductas y actitudes que pueden tenerlas víctimas y las consecuencias que tiene el abuso sobre ellas. Además, menciona criterios orientadores para el relacionamiento cotidiano de miembros de la iglesia con niños, niñas y adolescentes.

“Parece claro que todas aquellas instituciones donde una diócesis o una congregación ostente la posición de ‘garante’ respecto de las personas que se encuentren ocasionalmente bajo su su cuidado, el responsable quedará en situación de denunciar aquellos hechos de abuso sexual de los que se tenga fundada sospecha o conocimiento y cuyas posibles víctimas estén sujetas a su custodia o cuidado. Esta obligación deriva de su carácter de ‘garante’, por lo cual ha contraído la obligación de evitar que acaezca toda conducta dañosa bajo riesgo de que, de no hacerlo, se la considere como responsable de lesa misma conducta”, agrega la guía.

En 2022, en tanto, la Iglesia Católica uruguaya ya había dado un paso en esa dirección. Ese año llegó a Uruguay el sacerdote mexicano Daniel Portillo, quien dictó una conferencia sobre la crisis de los abusos en la institución y dejó una serie de advertencias. “Cuando se nombran personas para servicios claves a nivel pastoral hay que preguntarse si sus relaciones son simétricas. Un síntoma que podemos identificar es cuando se dan relaciones asimétricas: si el sacerdote únicamente se relaciona con menores de edad o si el catequista o coordinador de monaguillos no tiene amigas o amigos de su edad… eso nos dice que algo no huele bien”, señala.

A fines del año pasado, entonces, los obispos uruguayos consideraron que era necesario redoblar ese esfuerzo inicial y decretaron la creación de esa comisión. Consideraron que era conveniente “contar con profesionales cristianos que realicen un trabajo interdisciplinar” desde distintas áreas relativas a la prevención de abusos como la salud, el derecho, la psicología, la medicina y la comunicación.

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