Saab y la reforma constitucional: “Tiene un impedimento ético para dirigir proceso”, dicen defensores de DDHH

Al designar al fiscal general de la República, Tarek William Saab, como presidente de la comisión nacional para la reforma constitucional, Nicolás Maduro lo describió como un amplio conocedor de la materia y dijo confiar en que hará un buen trabajo.

“Le he pedido al constituyente Tarek William Saab que sea el presidente de la Comisión Nacional por la Reforma Constitucional. Por su experiencia como jurisconsulto, defensor de los derechos humanos, redactor de la Constitución, como miembro más joven de la Comisión Presidencial del Comandante Hugo Chávez en el año 98-99 para hacer la Constitución. Está calificado moralmente, éticamente, tiene los conocimientos y va a hacer una gran labor”, justificó Maduro, el pasado 15 de enero, en su mensaje anual ante el Parlamento de 2020.

Pero el abogado constitucionalista, Nelson Chitty La Roche y la coordinadora de la ONG, Laboratorio de Paz, Lexys Rendon, opinan lo contrario: la cabeza del Ministerio Público sí tiene tiene “impedimentos morales y éticos” para dirigir un proceso de reforma al texto fundamental a la nación.

Defensores de derechos humanos y organismos internacionales han señalado a Saab ─también exdefensor del Pueblo── como “el brazo ejecutor de la política represiva de la gestión de Maduro”; y por lo tanto consideran ha incurrido en constantes violaciones a la Carta Magna. Permitir las desapariciones forzadas de detenidos y la negación del debido proceso, afirman, son solo algunas de esas transgresiones.

Estarán junto a Saab en el proceso de consulta nacional y elaboración del proyecto de reforma que será presentado al Parlamento de 2020, Cilia Flores, esposa de Maduro, diputada y exprocuradora general de la República; el abogado constitucionalista y diputado, Hermann Escarrá y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

“Falta de ética constitucional”

Chitty La Roche, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) señala que desde el punto de vista legal, Saab puede ser fiscal y colaborar con otros procesos de la vida nacional. Sin embargo, no lo considera apto para emprender un proceso de cambios a la Carta Magna por su rol en las violaciones de DD. HH. en Venezuela.

“El impedimento fundamental para el fiscal es su falta de ética constitucional, su falta de apego a las disposiciones relativas a los derechos humanos, a todo ese conjunto normativo que sostiene la democracia constitucional y que regularmente él desconoce. Él y el Ministerio Público (MP) han estado más bien dirigidos a asegurar la persecución de la disidencia y el desconocimiento de sus derechos” sostiene el abogado constitucionalista.

A su juicio, el nombramiento de Saab al frente de la comisión puede venir acompañado de una profundización en materia de negación de derechos y libertades para los ciudadanos.

Saab fue ratificado en el cargo de fiscal por la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo en octubre de 2024. Para entonces, el grupo Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento rechazó la permanencia tanto de Saab en el MP, como de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo por ser una “mala señal para las víctimas”.  Afirmaron que deben ser investigados por su responsabilidad tanto en las violaciones de derechos humanos como en los delitos de lesa humanidad ocurridos bajo su gestión desde 2017.

De acuerdo con el abogado y docente, Maduro en todo caso debió acudir primero a la academia para emprender un proceso de tal naturaleza, pero recordó que al estar “inserto” en el “Estado Psuv” ─en el que la institucionalidad está supeditada a la ideología política, dijo─ se entiende la manera como se acomete el proceso, así como las designaciones de quienes estarán al frente.

“Poner al frente de una reforma constitucional a quien no ha sido un devoto seguidor de la constitucionalidad y legalidad, un protagonista de persecución indebida e irregular a los ciudadanos por razones políticas, no es una buena señal”, agregó el abogado.

“Preocupante”

La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) también ha dicho que los fiscales (al mando de Saab) han “desempeñado un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado, perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos”.

“Un gobierno sin legitimidad, con base en el desconocimiento de la voluntad popular requiere -para un cambio constitucional de forma inconstitucional- de personas de absoluta confianza a los intereses de permanencia del autoritarismo. Es por esa razón, que dicha comisión lejos de revestirse de legitimidad con una figura como el fiscal de la República, representa el núcleo de jurídicos de más confianza, sumisión e ideológicamente militantes para la consolidación legal y con rango constitucional del gobierno de facto y de la nueva forma autoritaria del Estado-gobierno”, apunta Rendon.

La defensora de derechos recuerda que durante su gestión como defensor del Pueblo, Saab fue suspendido por la Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI) “por su falta de independencia” y cumplimiento en los estándares en materia de defensa y protección de DDHH. De allí que enfatizó, su designación al frente de la reforma constitucional no es menos que preocupante.

“Representa una figura de posible coacción y de presión para la participación de una base interna del gobierno muy disminuida y para la posible incorporación obligatoria y controlada de sectores de sociedad civil por miedo a posibles repercusiones o judicialización si no participan. El terror de Estado denunciado por la Misión de la ONU, se basa justamente en generar formas no expresas de coacción y actuación por miedo a repercusiones individuales u organizacionales”, alertó la socióloga.

¿Qué se espera de la reforma constitucional?

Tras haber tomado posesión como Jefe de Estado el 10 de enero, sin que se presentaran pruebas de su reelección, Maduro parece dispuesto a acelerar los cambios a la Carta Magna, ya prometidos desde finales de 2024. El objetivo, ha dicho, es “fortalecer la democracia” en Venezuela a través de un sistema comunal no previsto en la actual Carta Magna.

Maduro ha prometido que todos los sectores del pais seran consultados, pero quien desee ser escuchado debe primero reconocerlo como presidente.

Chitty La Roche sostiene que los actuales problemas de Venezuela no se resuelven apuntando hacia la Carta Magna y que mas bien la crisis es derivada de su incumplimiento por parte de quienes tienen las riendas del pais, las sistematicas violaciones a su articulado y las interpretaciones a favor del poder que hace la Sala Constitucional, cuyas competencias, apunto, si deberian ser revisadas.

Coincide en que con los cambios que se quiere hacer al texto fundamental, Maduro busca concentrar un mayor poder.

“Veo venir que se aparte cada día más al ciudadano de las decisiones a través de acciones como esta, que sólo terminan por ser mecanismos de reducir la decisión, la deliberación a las instancias públicas. Prácticamente sería borrar a los conciudadanos, desconocer derechos humanos, libertades públicas, que es lo que en el fondo, se viene haciendo con la legislación reciente. La ley Bolívar, contra la ONG, en el fondo, lo que persiguen es más control sobre la disidencia y despojar de su espiritualidad a la conciudadanía”, expresa el jurista.

El profesor universitario alerta que tras lo ocurrido con las elecciones presidenciales, Venezuela vive un retroceso como República y teme que la reforma constitucional planteada conduzca al país hacia lo que califico como un “despotismo bárbaro”.

Hacia una “dictadura de minorías”

Para el laboratorio de Paz, de acuerdo con Rendón, la reforma constitucional tiene dos objetivos: una nueva división política territorial y de control basada en las comunas y  una “nueva forma controlada” de participación popular o ciudadana, a través de los Consejos comunales, jueces de paz, entre otras figuras.

Sobre el segundo objetivo, la ONG considera que se buscaría incluir en el texto constitucional formas de participación de segundo grado, más controlada, que sustituyan la obligación de contar con el respaldo de la mayoría de representación popular a través del sufragio universal. Ello alerta, constituirá una “dictadura de las minorías”, contra una mayoría electoral que nada indica va a cambiar, que mantendrá al chavismo madurismo en el poder.

“Van a crear un nuevo Estado autoritario con un revestimiento de democracia, basado en una nueva estructura institucional y social que responda a quienes gobiernan. Un autoritarismo del siglo XXI. Esto no sólo es la regresión a las libertades democráticas sino la muerte de la soberanía popular y sus formas amplias, igualitarias, libres y legítimas de participación para la toma de decisiones y conducción del destino de la nación. Es una regresión en el derecho a la participación, política, social y al principio de igualdad por un sistema excluyente, vertical, sin independencia y discriminatorio por razones políticas”, lamenta Rendon.

La activista de DD. HH. agrega que la actual situación venezolana sienta un grave precedente en la región y el mundo, porque abre posibilidades para la perpetuación en el poder de los gobernantes. Señaló que será un gran reto para la comunidad internacional poner freno a gobiernos autoritarios de nuevo signo.