Imagen Cortesía
La administración de Donald Trump se prepara para dar inicio a una de sus promesas de campaña más polémicas: la deportación masiva de migrantes indocumentados. Según declaraciones oficiales y reportes de prensa, una “redada migratoria a gran escala” comenzará el martes en Chicago, apenas un día después de la toma de posesión del presidente, marcando un agresivo comienzo de su mandato en materia de políticas migratorias.
Tom Homan, conocido como el «zar de la frontera» y designado para supervisar las políticas migratorias y de seguridad fronteriza, confirmó a Fox News que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se expandirán a nivel nacional. Chicago será uno de los principales escenarios de estas redadas, que contarán con la participación de entre 100 y 200 agentes del ICE, según informó el Wall Street Journal. “El martes, el ICE finalmente hará su trabajo. Vamos a quitarle las esposas al ICE y permitirles que arresten a extranjeros criminales”, afirmó Homan, quien ya dirigió la agencia durante la primera administración de Trump, implementando políticas tan controvertidas como la separación de familias migrantes en la frontera.
La operación, que durará toda la semana, buscará identificar y detener a miles de personas en situación irregular. Si bien Chicago es uno de los focos principales, Homan subrayó que esta será una redada nacional, involucrando diversas ciudades con alta población migrante. “Va a haber una gran redada en todo el país”, declaró.
La inminente acción del gobierno ha desatado alarma entre comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos. Chicago, una ciudad santuario que históricamente ha protegido a migrantes indocumentados, se enfrenta ahora a un nuevo desafío bajo la administración Trump. Las autoridades locales han reafirmado su compromiso de proteger a los residentes sin importar su estatus migratorio, pero el alcance de las redadas preocupa a activistas y abogados.
Esta medida marca un giro inmediato en la política migratoria de Estados Unidos, prometiendo hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración. Para muchos, simboliza una clara declaración de intenciones de la nueva administración, en línea con la retórica de campaña que prometía priorizar la deportación de millones de indocumentados. Sin embargo, para las familias migrantes y los defensores de derechos humanos, estas acciones representan una amenaza a los principios de dignidad y justicia que el país ha defendido históricamente.
Mientras la administración Trump se alista para este polémico operativo, el debate sobre los derechos de los migrantes y el futuro de las comunidades indocumentadas se intensifica. Las próximas semanas serán clave para medir el impacto de estas políticas, tanto en la vida de los afectados como en la reputación de Estados Unidos a nivel internacional.
ccarloscastaneda@prensamercosur.org
