Carlos Castañeda
Imagen senado de Colombia
Ya en su oportunidad, la Presidencia de la República también había respaldado la elección de Gregorio Eljach como Procurador General de la Nación ante el Consejo de Estado. En un documento presentado al alto tribunal, defendieron la facultad que tiene el presidente Gustavo Petro para seleccionar al candidato que aspiraría a ser electo por el Congreso. “El presidente de la República tiene competencia para postular un candidato que integre la terna para la elección del procurador general de la Nación. La Constitución y la ley otorgan a aquel una facultad discrecional autónoma para presentar al candidato que estime mejor calificado”, señala el documento.
El oficio también rechazó el argumento del demandante que afirmaba que se violó el debido proceso de los aspirantes que participaron en la invitación pública, aclarando que dicho llamado no constituyó un concurso de mérito. “Por esta razón, esa publicación incluyó la advertencia de que no se trataba de un concurso de méritos, que generara derechos adquiridos o expectativas legítimas, o cerrara el grupo de aspirantes entre los cuales podría elegirse el candidato que integrara la terna”, puntualiza la respuesta.
Asimismo, la asesoría jurídica de la Presidencia explicó que esta invitación no generó obligación alguna para que el presidente eligiera exclusivamente de entre quienes se inscribieron. “La invitación no obliga al primer mandatario a elegir exclusivamente entre quienes se presenten a ella, porque si al momento de tomar su decisión, considera que ningún nombre satisface sus propias convicciones, perfectamente puede decidirse por cualquier otro nombre”, concluye el documento.
Se conoció otra defensa para el nuevo Procurador
El concepto de 15 páginas, firmado por la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, insta respetuosamente a los magistrados a “negar la suspensión de los efectos del acto de elección de Juan Gregorio Eljach Pacheco como Procurador General de la Nación para el período 2025-2029”. Según el documento, no existieron irregularidades ni en la postulación del candidato por parte de la Presidencia de la República ni en el proceso de votación llevado a cabo en el Congreso.
El texto enfatiza que “los elementos de juicio relacionados no gozan de la suficiencia ni de la contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico”, desestimando las alegaciones presentadas en la demanda. Además, califica los argumentos expuestos como “consideraciones e interpretaciones particulares”, sin que estas evidencien prima facie un reproche sustantivo o subjetivo que invalide la elección.
El recurso legal, presentado por Natalia López Navas, sostiene que la inclusión de Eljach en la terna para Procurador General violó la separación de poderes consagrada en la Constitución Política de Colombia. La demandante argumenta que la candidatura de Eljach, quien ocupaba un cargo directivo en el Senado al momento de su postulación, representó un desequilibrio en el modelo de poderes. También señala que el procedimiento utilizado por la Presidencia para integrar la terna no constituyó una convocatoria pública de obligatorio cumplimiento, lo que habría favorecido al candidato en cuestión.
A pesar de estos cuestionamientos, el concepto del Ministerio Público sostiene que no existe fundamento jurídico para avalar las medidas cautelares solicitadas por la demandante. En consecuencia, pidió rechazar las pretensiones legales que buscan invalidar la elección de Eljach.
Es relevante subrayar que este pronunciamiento se emite en el marco de la transición en el liderazgo del Ministerio Público, bajo la administración de Margarita Cabello Blanco, quien reafirmó su compromiso con la defensa del orden jurídico.
Actualmente, el magistrado Óscar Joaquín Barreto Suárez analiza los conceptos enviados por la Presidencia de la República, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y el propio procurador Eljach, ya en funciones. La decisión de fondo, que podría marcar un precedente en la interpretación del equilibrio de poderes, se espera en los próximos días. Mientras tanto, el respaldo del Ministerio Público a la legalidad del proceso refuerza la confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del marco constitucional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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Redacción Central
Hernán Sabater
