Redacción Central
La decisión considera la necesidad de rendición de cuentas y transparencia
El ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó, el domingo (12), que los gobiernos federal y estatal presenten, en un plazo de 30 días, la publicación de normas para el uso de recursos de las enmiendas parlamentarias federales en las instituciones de educación superior.
La decisión de la ministra tiene en cuenta la necesidad de “una adecuada rendición de cuentas sobre las enmiendas parlamentarias federales, con transparencia y trazabilidad” tanto en las universidades “como en sus respectivas Fundaciones de Apoyo”.
Dino tomó la determinación ante el Ministerio de Educación (MEC), la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Procuraduría General de la Unión (AGU) y, “por simetría”, a los Estados, que deben “proceder de la misma manera”.
Dino pidió urgencia en la divulgación y determinó que la decisión sea dada a conocer por los presidentes de la Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Educación Superior (Andifes) y del Consejo de Rectores de Universidades Brasileñas (CRUB).
“Mayor volumen”
En la orden, la ministra contextualizó que el CGU presentó los resultados de la auditoría realizada a las 33 entidades sin fines de lucro que recibieron el mayor volumen de compromisos y la mayor cantidad de pagos por enmiendas parlamentarias en el período comprendido entre el 2 de febrero y el 21 de diciembre del año pasado.
“Entre las entidades seleccionadas en la muestra, hay un número significativo de Fundaciones de Apoyo Universitario (…) hay informes en los registros de que dichas Fundaciones, a través de la contratación de ONG sin criterios objetivos, han servido como instrumentos para transferir montos de enmiendas parlamentarias”, argumentó el ministro.
Ponente
Flávio Dino es el relator de la demanda (presentada por Psol) contra la falta de transparencia en la asignación de recursos públicos del presupuesto federal, dada a conocer por el Congreso Nacional.
El pasado día 3, Dino ordenó la suspensión de este viernes (3) el pago de enmiendas parlamentarias a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no transparentes.
En diciembre, el ministro suspendió el pago de R$ 4,2 mil millones en enmiendas porque entendió que los recursos no cumplían con los criterios de transparencia y trazabilidad.
También ordenó el inicio de una investigación policial para investigar el caso. El último día del año (31), liberó R$ 370 millones en enmiendas de la Comisión de Salud del Congreso.
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Carlos Castañeda
Hernán Sabater
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