Las mafias operan desde las cárceles en 19 provincias y tienen injerencia en todo el territorio. Así lo revela el nuevo decreto de estado de excepción con el que inició el 2025. ¿La medida ha dado resultados?
Ecuador inició el 2025 con un nuevo estado de excepción decretado por Daniel Noboa. Es el noveno por conflicto armado interno durante su gestión como presidente.
En el decreto ejecutivo 493, Noboa ratificó el “estado de grave conmoción y conflicto armado interno para disponer la medida que durará 60 días”. Incluyó también toque de queda.
Solo en los primeros seis días del 2025, a escala nacional se reportan 114 muertes violentas, según cifras de la Policía. Guayaquil, Durán y Samborondón, registra una disminución con 46 casos.
Sin embargo, otras zonas reportan un incremento. El Oro contabiliza 13 crímenes, Manabí 12, Santa Elena 4, Orellana y Cotopaxi 1 respectivamente. (Ver cuadro).
El experto en seguridad Kleber Carrión, cuestionó la medida. Señaló que la criminalidad ha bajado pero “no en los porcentajes que debería”. Por ejemplo, el 2024 cerró con una cifra de 6 961 muertes violentas, una disminución del 17 %, a decir de las autoridades.
No obstante, en el reciente decreto se justifica la medida -entre otras cosas- con noticias sobre hechos violentos ocurridos en los últimos meses y un aumento del 4,5 % en las llamadas de emergencia al ECU 911 relacionadas con homicidios, osamentas, entre otras.
Para Carrión, además de un “uso político de los estado de excepción”, la medida estaría causando un efecto balón en otras provincias. Es decir, la expansión o migración de los grupos criminales a otras zonas en Ecuador.
Según el decreto presidencial, algunos de los ataques como el de 10 personas asesinadas en El Oro en diciembre del 2024, alertas de posibles atentados, decomisos de armas, entre otros eventos, son atribuidos a las organizaciones delictivas Choneros, Lobos, Chone Killers, Latin Kings, entre otros.
Las mafias continúan operando dentro y fuera de las cárceles en el país. Así lo señal el decreto, donde consta un mapa con la división de los grupos criminales por provincia.
Aunque en la declaratoria inicial de conflicto armado interno en enero del 2024 se catalogó a 22 grupos como terroristas, este nuevo decreto hace énfasis en 11 organizaciones delictivas. Detalla que Los Lobos tienen mayor presencia o expansión en las calles, seguidos de Los Choneros.
Luego vienen Los Tiguerones, Los Águilas, y el resto de las mafias. Carrión puntualizó que siempre va a evolucionar el crimen y transmutar. Por eso, dijo, los estados de excepción no garantizarían que vayan a dar un resultado adecuado.
Puso de ejemplo al cantón Durán, finalizó el 2024 con casi 500 muertes violentas y sigue teniendo unos indicadores de criminalidad muy elevada. También explicó que con los estados de excepción, comienza a haber un repunte de delitos en otras zonas como Santo Domingo.
Una fuente de inteligencia policial comentó a Ecuavisa.com que más que haber un auge de nuevos grupos criminales, hay una pugna de poderes entre los cabecillas. 13 de ellos han sido detenidos en 2024 por las autoridades.
La criminóloga María del Mar Gallegos también cuestionó los estados de excepción. Dijo que “no han servido absolutamente para nada”. La especialista comentó que el Gobierno justifica la medida en el aumento de la criminalidad y la violencia. Esto pese a que ya se han decretado ocho estados de excepción durante el año pasado.
Gallegos señaló que hay otros mecanismos institucionales para combatir al crimen organizado y que se debe reforzar la investigación policial para desmantelar los grupos armados organizados. Por ejemplo, citó que las mafias enquistadas en las cárceles se debería poder combatir con el SNAI.
“Casi que hemos vivido todo el año pasado en un estado de excepción, no están cumpliendo con su objetivo. Lo único que está haciendo es que eso que tiene carácter de excepcional(…) se está volviendo la regla y por lo tanto, de excepción, no tiene nada”. Ma. del Mar Gallegos.
Indicó que debería existir las herramientas necesarias para la prevención, detección y represión. También reforzar las investigaciones dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía para depurar de sus filas a malos elementos.
Para Gallegos, otra de las soluciones sería trabajar en políticas sociales para prevenir que las mafias se sigan tomando los territorios. Sumado a más recursos y capacitación para las uniformados que salen a las calles. Además comentó que con los estados de excepción solo se estaría justificando la intervención estatal “vulnerando derechos”.
ecuavisa.com
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