Católicos salvadoreños exigen a Nayib Bukele que vete la nueva ley de minería metálica

La minería metálica produce efectos nocivos como contaminación del agua, el aire y el suelo, lo cual afecta la biodiversidad en general, aspectos que preocupan a ambientalistas y a habitantes de ese país que se han manifestado recientemente.

La Sociedad Cooperativa Sacerdotal (COOPESA) pidió a Nayib Bukele, presidente de la República, que vete la Ley General de la Minería Metálica, aprobada el 23 de diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa. Los católicos señalan que el desarrollo económico es importante para El Salvador, «pero no a costa de la salud y de la vida de los ciudadanos».

La sociedad además realizó un llamado a todos los socios y no asociados, pastores evangélicos, líderes religiosos, fieles y sociedad salvadoreña a defender la vida mediante la búsqueda de formas de organización, concientización y resistencia para presionar a Bukele a vetar la nueva ley.

De acuerdo con la organización, en la audiencia general del 13 de octubre de 2024 y tras el asesinato del ambientalista hondureño Juan López, el Papa Francisco pidió a las grandes corporaciones extractivistas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias y de agronegocios que, en nombre de Dios, dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, así como dejen de contaminar ríos y mares e intoxicar los pueblos y los alimentos.

Los sacerdotes señalan los impactos negativos que tendrá la extracción minera sobre el agua y todo tipo de vida animal y vegetal, y exhortaron a los diputados católicos a no renunciar a la identidad cristiana y aplicar la objeción de conciencia ante una ley que atenta contra sus principios.

Los 600 sacerdotes que tiene la sociedad, según cifra ofrecida por su presidente, el presbítero Juan Vicente Chopin, respaldaron además a los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador que el 12 y el 24 de diciembre pasados expresaron su rotundo rechazo a la minería mediante dos comunicados.

El uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el arsénico y el mercurio impactan directamente en la salud humana, así como los drenajes ácidos generan la contaminación de los mantos acuíferos. Asimismo, el uso de grandes cantidades de metales pesados produce cáncer, mutaciones genéticas y malformaciones congénitas.

La minería metálica en dicha nación centroamericana estaba prohibida por la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador establecida en 2017. La nueva ley fue presentada al parlamento por el propio mandatario, y aprobada por amplia mayoría oficialista, con 57 votos a favor frente a 60 diputados.

En cambio, numerosas organizaciones, personalidades y las fuerzas de oposición han expresado su rechazo a la medida.