El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, emitió el Decreto 1537 del 20 de diciembre de 2024, estableciendo cambios significativos en el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Esta norma, suscrita por los ministerios de Justicia y Hacienda, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, introduce una serie de beneficios para el personal directivo y el cuerpo de custodia y vigilancia, reconociendo el riesgo inherente a sus funciones.
La principal modificación recae sobre el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, ampliando el alcance de las primas otorgadas a directores y subdirectores de establecimientos de reclusión. Adicionalmente, se modificó el artículo 33 del Decreto 0301 de 2024, estableciendo una prima de riesgo equivalente al 30% del salario básico mensual para los servidores del cuerpo de custodia y vigilancia, así como para los directores y subdirectores de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON).
El decreto también define las situaciones administrativas en las que se aplicará esta prima de riesgo, que incluirán servicio activo, vacaciones, permisos remunerados, licencias sindicales, por enfermedad, de luto, maternidad y paternidad. Esto asegura que los trabajadores continúen percibiendo estos beneficios en diversos escenarios de su relación laboral.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó el propósito de la norma al señalar: “No es una bonificación, es una evaluación frente a su condición de riesgo que genera un reconocimiento en la proporción que señala el decreto firmado por el Presidente de la República y varios de sus ministros”.
Este reconocimiento busca valorar el servicio esencial prestado por los funcionarios del INPEC, quienes desempeñan un rol crucial en la seguridad, disciplina y resocialización de la población privada de la libertad, frecuentemente exponiéndose a riesgos que afectan su integridad física, mental y emocional.
La expedición del Decreto 1537 refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con el bienestar de quienes trabajan por garantizar el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario del país, otorgando mejores condiciones laborales y reconociendo el alto nivel de riesgo que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.
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