El respaldo implícito de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro a estos regímenes autoritarios socava el progreso democrático y los principios fundamentales de justicia y derechos humanos
Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia llevan décadas detentando el poder impunemente, violando derechos humanos y reprimiendo el clamor de libertad de sus pueblos, porque son sostenidas por gobiernos de países democráticos que respaldan sus narrativas, les dan apoyo económico, los encubren en organismos internacionales y les someten la política exterior de sus estados. Es el caso flagrante de los gobiernos de Lula de Brasil, Petro de Colombia y Sheinbaum de México, cuya violación de normas obligatorias fundamentales impone la aplicación de sanciones internacionales.
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, y el artículo 2 dispone que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José recoge y desarrolla los fundamentos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es obligatoria. Esta norma establece y desarrolla el “derecho a la vida”, el “derecho a la integridad personal”, “la prohibición de esclavitud y servidumbre” “el derecho a la libertad personal”, las “garantías judiciales”, la “libertad de pensamiento y de expresión”, el “derecho a la nacionalidad”, el “derecho de circulación y residencia”, los “derechos políticos”, la “igualdad jurídica” y más.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la democracia como un derecho humano al disponer: “Derechos Políticos 1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y; c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
El Estatuto de Roma tipifica en su artículo 7 como “crímenes de lesa humanidad”, el “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física…tortura, violación…, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, nacionales…, desaparición forzada de personas…”
Brasil, Colombia y México son signatarios y parte de la Carta Democrática Interamericana, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero sus actuales presidentes y gobiernos incumplen todas las normas citadas y muchas más leyes internacionales de cumplimiento obligatorio al sostener y proteger a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua que violan todas esas normas. En el Derecho Internacional no hay impunidad para los cómplices, encubridores, apologistas, receptadores o cualquier otra forma de participación criminal asumida por los presidentes Lula, Petro, López Obrador y ahora Sheinbaum.
Gobierno Paradictatorial es “el elegido en democracia, que representa un país democrático, pero que sirve a regímenes dictatoriales para contribuir a su sostenimiento y permanencia con acciones de legitimación y apoyo, incumpliendo obligaciones jurídicas internacionales y perjudicando sus propios intereses nacionales”. Este es el concepto que corresponde hoy a los gobiernos de Brasil, Colombia y México.
Los tres gobiernos contratan personal en áreas de medicina y otras de la dictadura de Cuba bajo sistemas señalados como de esclavitud y servidumbre por organismos y entidades internacionales, pagando al régimen cubano por los servicios de personas que no reciben ese pago y cuyas familias son una suerte de rehenes. Los tres gobiernos democráticos prestan, compran y brindan ayuda económica no transparentada a nombre del pueblo que el régimen oprime hace casi 66 años y eso sostiene a la dictadura.
Respecto al fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro el 28 de Julio pasado y al terrorismo de Estado desatado luego para imponer sus crímenes, los gobiernos de Brasil, Colombia y México están sosteniendo y encubriendo al dictador. Lo prueban sus acciones, declaraciones y votaciones.
Ya en mayo de 2023 Lula trató de incorporar al dictador Maduro como un jefe de estado normal recibiéndolo en Brasil antes y durante una Cumbre de jefes de Estado de Latinoamérica invitada por el propio Lula, bajo protesta de los presidentes de Chile, Ecuador y otros. Propició cumbre de la Unión Europea y la Celac para ayudar a los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Incorporó la política exterior brasileña a la proximidad con Rusia, China e Irán en la línea de Cuba y Venezuela y se subordinó en la misma línea en la agresión terrorista contra Israel.
Son confesos los datos y pruebas aportadas por el embajador de Petro en Venezuela Armando Benedetti respecto al financiamiento de la campaña electoral del actual presidente de Colombia.
En todos los casos se trata de hechos públicos y notorios que urgen una actitud firme de la comunidad internacional.
*El autor de este artículo es Abogado y Politólogo y Director del Interamerican Institute for Democracy.
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