La agricultura intensiva con el uso de agroquímicos afecta el medioambiente y pone en riesgo la forma de vida de las comunidades locales, desplazadas y despojadas de sus tierras.
Las comunidades rurales del municipio de Santarém, en el estado de Pará, al norte de Brasil, enfrentan una grave crisis a medida que la agroindustria avanza y la Amazonía se reduce.
A finales de los años 90 comenzó la migración de los residentes cuando numerosos agricultores vendieron sus tierras a ganaderos.
Luego, a mediados del 2000, la presión aumentó con la llegada de empresas que procuraron enriquecerse explotando extensas plantaciones de soja, lo que llevó a más pequeños agricultores a vender sus parcelas y desprenderse de sus propiedades.
En el año 2003, la empresa Cargill construyó en Santarém un puerto que marcó el inicio de la expansión del monocultivo en la región y atrajo el interés de otras empresas que también establecieron puertos y mejoraron la infraestructura para la exportación de soja y maíz, entre otros cereales.
El Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) publicó un informe con el título “Soja en el corredor logístico norte”, en el que advierte que la situación podría empeorar con la construcción de un ferrocarril que conectará Sinop, en Mato Grosso, con el distrito Miritituba, en Pará.
La implementación de ese proyecto afectaría a múltiples unidades de conservación de tierras indígenas y agravaría la crisis ecológica en la zona.
Agricultores manifestaron a medios brasileños que las grandes empresas usan considerables cantidades de químicos para abonar los suelos y combatir plagas, sustancias que el viento y la lluvia trasladan a sus cultivos, a los cauces de ríos y al manto freático.
En ese sentido, el documento subraya que “de construirse, el ferrocarril atravesará una región altamente sociobiodiversa, lo que afectará al menos a 17 Unidades de Conservación (UC) de diferentes categorías, además de al menos seis Tierras Indígenas de los pueblos Kayapó y Panará”.
De acuerdo con datos de la plataforma Mapbiomas, en el año 2005 el municipio de Mojuí dos Campos, en Pará, tenía 3.000 ha dedicadas al cultivo de cereales, cifra que se disparó a 51.400 ha en 2023.
Ese aumento en la deforestación ha colocado a Mojuí en la lista de los 70 municipios más afectados de la Amazonía, con una tasa anual que saltó de 2013 a la fecha en 6,443 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) implementó un plan de acción para la prevención y control de la deforestación, ante la urgencia de abordar esta crisis que amenaza a las comunidades y al ecosistema de la Amazonía.
Autor: TeleSUR – idg – JDO
Fuente: Brasil de Fato – Global Forest Watch
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