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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), bajo el liderazgo de Giovanny Rubiano García, ha destapado uno de los escándalos financieros más significativos en el sector salud del país. En un informe revelado tras la intervención realizada el pasado 22 de noviembre en Cartagena, se identificaron irregularidades que comprometen más de 200 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos. Este dinero, que debería haberse utilizado exclusivamente para garantizar la atención en salud de los colombianos, fue empleado para cubrir una deuda privada, lo que ha desatado preocupación en todo el sistema sanitario.
De acuerdo con el informe presentado por el equipo interventor designado por Rubiano García, en diciembre de 2022, Coosalud EPS firmó un contrato de crédito con el Banco GNB Sudameris S.A., actuando como garante de un préstamo otorgado a la compañía COOSALUD INVERSA S.A. La deuda, que ascendía a 221 mil millones de pesos entre capital e intereses, comenzó a generar problemas cuando, en noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Este incumplimiento activó las cláusulas de aceleración del contrato, permitiendo al banco recurrir a fideicomisos relacionados con Coosalud para saldar la deuda. Para el 20 de noviembre, se concretó la transferencia de 206 mil millones de pesos desde estos fondos fiduciarios, recursos que tienen origen público y están destinados exclusivamente a financiar servicios de salud.
El informe también reveló una preocupante conexión: Jaime González, quien fungía como representante legal de Coosalud EPS durante la firma del contrato, también ostentaba el mismo cargo en COOSALUD INVERSA S.A., la empresa deudora. Este doble rol plantea serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, manejo indebido de recursos y falta de transparencia en la administración de los fondos públicos.
Informe @Supersalud
En su declaración ante los medios, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, enfatizó la gravedad de los hallazgos y reafirmó su compromiso de proteger los recursos de la salud de los colombianos. “Estamos frente a un caso que no solo pone en riesgo los recursos públicos destinados al bienestar de millones de ciudadanos, sino que también evidencia presuntas irregularidades que deben ser investigadas y sancionadas con contundencia. No permitiremos que este tipo de prácticas queden impunes”, afirmó.
La Superintendencia procedió de inmediato a remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones pertinentes. Rubiano García aseguró que la Supersalud trabajará de la mano con las autoridades judiciales para garantizar que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades, tanto administrativas como penales.
El informe también deja claro que este tipo de irregularidades no solo comprometen los principios éticos y legales que rigen el manejo de recursos públicos, sino que afectan directamente a los ciudadanos, quienes son los principales perjudicados. Los recursos desviados podrían haber sido destinados a fortalecer la atención en salud, mejorar infraestructura hospitalaria o garantizar tratamientos para miles de pacientes.
Por su parte, expertos en derecho administrativo y salud pública han señalado que el caso de Coosalud EPS pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en el sector salud. “Lo que está en juego no es solo dinero, sino la confianza de la ciudadanía en un sistema que debería velar por su bienestar. Este escándalo nos obliga a repensar cómo se están gestionando los recursos y qué medidas correctivas son necesarias para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”, señaló un analista del sector.
Mientras avanza el proceso judicial, la Superintendencia Nacional de Salud ha intensificado sus esfuerzos de vigilancia sobre las entidades prestadoras de servicios de salud en el país. Rubiano García anunció que se fortalecerán los controles internos, se revisarán los fideicomisos de otras EPS y se implementarán protocolos más estrictos para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
El caso de Coosalud EPS no solo marca un hito en la lucha contra la corrupción en el sector salud, sino que también envía un mensaje contundente a todas las instituciones del sistema: los recursos públicos son sagrados y su mal manejo no será tolerado. Este episodio subraya la importancia de una gestión ética y eficiente, en un momento donde cada peso destinado a la salud cuenta para mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.
Con un seguimiento riguroso por parte de las autoridades y una ciudadanía más consciente de sus derechos, se espera que este caso siente un precedente y motive reformas profundas que garanticen la protección de los recursos públicos en todos los niveles.
carloscastaneda@prensamercosur.org
