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En una decisión sin precedentes, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aprobó por unanimidad la formalización laboral de 2.353 madres comunitarias en 141 municipios de 19 departamentos del país. Este hito representa un avance crucial en la garantía de derechos laborales y equidad social para miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado y desarrollo integral de la primera infancia en Colombia.
La medida, que supone una inversión inicial de $6.143 millones para 2024 y recursos adicionales proyectados para 2025, responde a los compromisos asumidos en el artículo 137 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este artículo, impulsado por el Gobierno Nacional, prioriza la dignificación y formalización progresiva del trabajo de las madres y padres comunitarios, agentes educativos y otros actores fundamentales del sistema de Hogares Comunitarios de Bienestar.
Francia Elena Márquez Mina, Vicepresidenta de la República y Ministra de Igualdad y Equidad, se ha convertido en un rostro clave de este logro histórico. Durante el anuncio, Márquez enfatizó la importancia de la medida como un paso hacia la justicia social y el reconocimiento de la labor esencial de las madres comunitarias. «Hoy les cumplimos a estas mujeres que durante años han sido pilares en el cuidado de la niñez. Reconocemos su trabajo, su entrega y su compromiso. Esto no es solo una formalización laboral; es un acto de justicia que dignifica su invaluable labor», afirmó Márquez.
El papel de la Vicepresidencia y el Ministerio de Igualdad ha sido determinante en la articulación de políticas que buscan cerrar brechas históricas de desigualdad en el país. Este anuncio no solo responde a las demandas de un sector históricamente olvidado, sino que también refuerza el compromiso del Gobierno con la equidad de género y el fortalecimiento del sistema de atención infantil.
Por su parte, Astrid Cáceres, directora del ICBF, destacó que esta decisión es una muestra del compromiso del Estado con los derechos laborales y el reconocimiento del papel crucial que desempeñan las madres comunitarias. «Esta ampliación de la planta de personal del ICBF no solo fortalece el sistema de atención, sino que también envía un mensaje claro de que la labor de estas mujeres es indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad», señaló Cáceres.
Actualmente, en Colombia, más de 40.469 mujeres y 109 hombres se desempeñan como madres y padres comunitarios, atendiendo a 454.531 niñas, niños y adolescentes en 933 municipios del país. De este grupo, cerca de 28 mil madres comunitarias han logrado profesionalizarse como tecnólogas a través del SENA, destacando su compromiso con la educación y el cuidado infantil.
Aunque la formalización inicial se llevará a cabo a través de una planta temporal, se espera que la reforma laboral, que sigue su curso en el Congreso, permita consolidar un sistema más sólido y equitativo para estos trabajadores esenciales.
La aprobación de esta medida no solo marca un hito en el reconocimiento laboral de las madres comunitarias, sino que también simboliza un avance hacia un modelo de justicia social más inclusivo, liderado por un Gobierno que, bajo la batuta de Francia Márquez, ha puesto la igualdad y la dignidad en el centro de su agenda. Este paso histórico no solo beneficia a las madres comunitarias, sino que también asegura un mejor futuro para cientos de miles de niñas y niños en Colombia, quienes son el corazón del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
