Cristina Fernández condenada por tres jueces amigos de los Macri: apelará en la Corte Suprema

La reciente confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Cámara Federal de Casación Penal ha despertado una oleada de cuestionamientos y críticas. Este fallo, que atañe a la administración fraudulenta de obras públicas en Santa Cruz, no solo reabre la polarización política en Argentina, sino que también pone de relieve las conexiones entre los magistrados y el poder político, que han sido objeto de escrutinio.

La Sala IV de la Cámara, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ha sido calificada como “los Copitos de Comodoro Py” por la propia Kirchner, insinuando una falta de independencia judicial en su decisión. La exmandataria ha señalado las irregularidades en la relación de estos jueces con el expresidente Mauricio Macri, lo que agrava las dudas sobre la imparcialidad del proceso.

La confirmación de la condena a Kirchner no solo ilustra un enfrentamiento político en la Argentina, sino que también pone de manifiesto una posible crisis de confianza en el sistema judicial. Las denuncias de corrupción, las relaciones entre jueces y políticos, y las acusaciones personales que despiertan desconfianza en la imparcialidad del juicio son constantes en el relato político. Esto plantea un desafío significativo para el justicierismo y la legitimidad de las instituciones judiciales.

Un contexto de sospechas que ensombrece la independencia judicial

Mariano Borinsky, quien asumió la presidencia de la Cámara en septiembre del año pasado, ha estado vinculado con Macri desde hace años, siendo nombrado por decreto en 2017 como presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.

Borinsky fue denunciado en varias ocasiones por sus encuentros con el expresidente en Olivos y La Casa Rosada, durante los cuales supuestamente discutían temas legales y políticos. A pesar de las denuncias, el Consejo de la Magistratura archivó los pedidos de juicio político en su contra, alegando que el tiempo había pasado. Este mismo fue además quien confirmó el sobreseimiento a Macri por el caso de espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Por su parte, Gustavo Hornos ha sido señalado por visitas frecuentes a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri, donde mantenía diálogos sobre cuestiones judiciales. La relación cercana entre Hornos y Macri ha generado críticas de sus colegas, quienes han subrayado la necesidad de mantener una conducta ética.

Además, Hornos enfrenta una seria acusación por violencia de género por parte de su expareja, quien presentó pruebas de violencia física, psicológica y sexual, lo que añade una nueva capa de controversia a su figura.

El cuestionado historial de Barroetaveña

El tercer miembro de la sala, Diego Barroetaveña, también cuenta con un historial polémico que ha sido objeto de críticas. En particular, su actuación en casos relacionados con la última dictadura cívico-militar ha despertado controversia. Barroetaveña ha sido señalado por demorar juicios y aplicar penas desproporcionadas a represores, lo que ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos.

Su participación en el caso de las “fotocopias de los cuadernos” es otro punto más en su cuestionado recorrido. Durante su turno como camarista, Barroetaveña validó las declaraciones de los “arrepentidos” sin contar con pruebas contundentes, lo que ha sido criticado como una transgresión a los principios de justicia. Este tipo de decisiones refuerza la idea de un sistema judicial que podría estar más alineado a intereses políticos que a la búsqueda de justicia objetiva.

250 líderes progresistas mundiales denunciaron “lawfare” contra CFK

Más de 250 presidentes, exmandatarios y líderes políticos de diversas naciones expresaron este miércoles su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la decisión de ratificar la condena en la Causa Vialidad. Los firmantes consideran que este fallo es parte de una estrategia de “lawfare” destinada a proscribir a la expresidenta y a difundir discursos de odio en su contra.

En una carta firmada por figuras como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, junto a expresidentes como Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales Ayma (Bolivia), se rechazó enérgicamente la persecución política y mediática que enfrenta Fernández de Kirchner. “La expresidenta de Argentina está siendo blanco de una cacería judicial y mediática que no podemos aceptar”, señalaban los representantes.

Los firmantes se manifestaron preocupados por el impacto del fallo, afirmando que la condena en cuestión tiene como objetivo despojar a la exmandataria de su relevancia política, socavando los valores e ideales que ella representa. “Es innegable que esta causa es parte de un abordaje sistemático de persecución, llevado a cabo por sectores políticos, mediáticos y del ámbito judicial, con la finalidad de prohibir su participación en la vida política y promover discursos de odio y violencia”, agregaron.

En su declaración, los líderes internacionales recordaron que el proceso judicial estuvo marcado por serias irregularidades legales, las cuales han afectado las garantías constitucionales de Fernández de Kirchner, destacando en particular la vulneración de su derecho a una defensa justa. “Desde sus inicios, la causa estuvo plagada de inconsistencia y falta de transparencia, lo que ha puesto en riesgo los derechos fundamentales de la ex presidenta”, afirmaron.

Asimismo, indicaron que el proceso judicial estuvo acompañado por una intensa campaña de desinformación mediática, caracterizada por mentiras y ataques sistemáticos dirigidos contra Fernández de Kirchner. Esta situación, afirmaron, se ha visto exacerbada por la intervención de los medios de comunicación dominantes, el sistema judicial y diversos actores políticos, que han impulsado la apertura de múltiples causas judiciales en su contra. Sin embargo, el evento más grave relacionado con esta persecución fue el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

Los dirigentes concluyeron su carta reafirmando su postura de apoyo a Fernández de Kirchner. “Dada la magnitud de las irregularidades legales y procesales observadas, expresamos nuestro apoyo inalterable a la expresidenta y condenamos enérgicamente la persecución judicial y la violencia política que se ejerce en su contra”, enfatizaron, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta a los desarrollos de esta situación.