La corrupción nos roba futuro

Uno de los casos más emblemáticos es el de “Vialidad”, por la cual Cristina Fernández de Kirchner acaba de ser condenada por direccionar licitaciones de obra pública en Santa Cruz hacia empresas de Lázaro Báez, un empresario cercano a los Kirchner. La investigación señala que, durante los años en que el matrimonio Kirchner gobernó, Báez había recibido contratos por más de 50 mil millones de pesos, en muchos casos con obras que nunca se completaron o que presentaban sobreprecios significativos.

Otro caso resonante es el de “Los Sauces-Hotesur”, en el cual se investigaron maniobras de lavado de dinero a través de empresas de la familia Kirchner y el alquiler de propiedades a empresarios que recibieron contratos del Estado. Este caso sugiere que el patrimonio de los Kirchner creció de forma exponencial durante su tiempo en el poder, en gran parte mediante operaciones comerciales cuestionables y relaciones cercanas con contratistas del Estado. Hoteles con ningún huésped y una infraestructura armada para el lavado de dinero.

También se resalta la “Causa de los Cuadernos”, donde una serie de escritos realizados por el chofer de un funcionario detallan un presunto esquema de coimas que involucra a numerosos empresarios y altos funcionarios kirchneristas. Según esta investigación, se habrían recaudado millones de dólares en sobornos que luego eran repartidos entre distintos actores del gobierno. Estos cuadernos documentaron una práctica sistemática de corrupción y han llevado a varios empresarios a confesar la entrega de coimas a funcionarios kirchneristas a cambio de contratos de obra pública.

Los organismos de control durante estos años, como la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, enfrentaron fuertes limitaciones para investigar libremente los actos del poder, destacándose la investigación y la sospechosa muerte del Fiscal Alberto Nisman en las causas por el Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán y el atentado a la Amia. Esto generó un contexto de impunidad que facilitó la realización de estas prácticas corruptas.

A raíz de la condena de hoy a CFK, aparecen igualmente, preguntas que el pueblo argentino vuelve recurrentes en la calle. ¿Porqué a un ciudadano común que asalta o roba se lo condena a varios años de prisión efectiva y a una ex presidente que se comprobó que malversó fondos por miles de millones a solo seis años? Un funcionario público debería predicar aún más con el ejemplo por ser representante de la ciudadanía y con un agregado extra si encima es Presidente de la Nación.

La lucha contra la corrupción en Argentina ha estado marcada por desafíos en el poder judicial y en la capacidad de las instituciones para hacer frente a redes complejas que operan en el ámbito público y privado. Sin embargo, en los últimos años, gracias a la presión de la ciudadanía y a la labor de algunos jueces y fiscales comprometidos, se ha comenzado a ver avances en estas investigaciones. Llama la atención que igualmente un sector de esta sociedad, todavía defiende el accionar delictivo y justifica y avala lo que nos quitaron en nombre de esa Justicia Social para unos pocos, no llegando a los más necesitados ni al resto de la población. Es una cuenta pendiente que nos debemos, a donde naturalizar el “roba pero hacen” ya no debe tener cabida. La corrupción no solo representa una violación a la ley, sino también un obstáculo para el desarrollo económico y social de las naciones y Argentina merece, de una vez por todas, volver a ser un gran país.

Hernán Diego Sabater

Buenos Aires, Argentina.