La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso equilibrar el derecho de los beneficiarios al acceso a tratamientos y medicamentos en Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga.
A través de la Resolución 3934/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, se establece un nuevo marco normativo orientado a regular la presentación de planes de salud por parte de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660. La medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos.
Cada plan de salud deberá acompañarse de su cartilla prestacional, en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura. En los casos de planes cerrados, las prestaciones estarán limitadas a las indicadas por los profesionales que figuren en la cartilla del agente correspondiente.
Declaraciones juradas y control de prescripciones
Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la obligación para los médicos prescriptores de acreditar que pertenecen a la red prestacional del Agente del Seguro de Salud. Además, deberán presentar una declaración jurada que asegure la inexistencia de conflictos de intereses con los proveedores de las tecnologías o medicamentos indicados.
Estos controles serán imprescindibles tanto para validar la cobertura como para solicitar subsidios o reintegros por prestaciones realizadas fuera de la cartilla. En los casos en los que los beneficiarios recurran a la vía administrativa o judicial, estas exigencias seguirán siendo aplicables.
Transparencia y eficiencia en la administración de recursos
La Superintendencia, que depende del Ministerio de Salud, tiene como misión garantizar un uso eficiente y equitativo de los recursos del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Con esta normativa, busca asegurar que las prestaciones se otorguen de acuerdo con la normativa vigente y en función de los servicios contratados.
La transparencia en la administración de recursos es clave para mantener la confianza de los beneficiarios y asegurar la igualdad en el acceso a las prestaciones. En este sentido, el nuevo marco regulatorio tiene como objetivo prevenir la proliferación de prácticas fuera de cartilla y mejorar las herramientas de control por parte de las Obras Sociales y la propia Superintendencia.
Esta medida apunta a un equilibrio entre los derechos de los beneficiarios y la necesidad de sostenibilidad del sistema, respondiendo a las demandas de control prestacional y evitando sobrecargas en los agentes por pedidos de cobertura por fuera de los prestadores habilitados.
Fuente: Boletín Oficial
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