Raúl Gorrín, presidente de la cadena Globovisión, fue señalado por la Justicia norteamericana de ser clave en una trama de corrupción con la compañía estatal PDVSA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el dueño de una cadena de noticias de televisión venezolana fue acusado de un supuesto plan de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares. Se trata de una nueva acusación de lavado de dinero contra Gorrín, quien se encuentra prófugo.
Raúl Gorrín Belisario, propietario de la cadena Globovisión en Venezuela, ha sido acusado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares. Este esquema involucraba fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de sobornos a funcionarios venezolanos.
Entre 2014 y 2018, Gorrín, de 56 años, conspiró con otros para lavar lo que obtuvo de un esquema de sobornos utilizando el sistema financiero de Estados Unidos y diversas cuentas bancarias en el extranjero. Según documentos judiciales, él y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener contratos de préstamos de cambio de divisas con PDVSA. Parte de los fondos ilícitos fueron lavados en el Distrito Sur de Florida, donde se adquirieron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo.
Gorrín enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y, de ser condenado, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. Actualmente, Gorrín es un fugitivo en un asunto separado y sigue prófugo.
Gorrín, quien es dueño y presidente del canal Globovisión, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados, según ha comunicado en la red social X la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Miami. Este se enfrenta a varios cargos en los tribunales de Estados Unidos.
“Según la acusación, Gorrin y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurarse más de mil millones de dólares en ganancias mal habidas, que Gorrin y sus co-conspiradores utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos”, dijo la Vicefiscal General Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia. “La presunta conducta de Gorrin enriqueció a funcionarios corruptos del Gobierno y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal mantiene su compromiso de garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de blanqueo de capitales u ocultar ganancias delictivas”.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, reafirmó el compromiso de su oficina para combatir la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes subvierten la integridad del sistema financiero estadounidense. La oficina continuará colaborando con las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas y Crimen Organizado (OCDETF) para identificar, interrumpir y procesar a quienes lavan dinero para facilitar la corrupción.
Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que esta acción, en colaboración con socios internacionales y nacionales, refuerza significativamente el estado de derecho. El caso demuestra el alcance global de HSI y su compromiso con frenar el flujo de fondos ilícitos mientras se aplican sanciones estadounidenses.
El caso está siendo investigado por la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Miami. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades en el Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta brindaron asistencia.
El abogado de juicio, Paul A. Hayden, de la Sección de Fraude de la División Criminal y la fiscal federal auxiliar, Nalina Sombuntham, para el Distrito Sur de Florida están a cargo de la acusación. El fiscal federal auxiliar para el Distrito Sur de Florida, Joshua Paster, maneja el decomiso de activos.
Este esfuerzo es parte de una operación de OCDETF, que identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos mediante un enfoque liderado por fiscales, basado en inteligencia y de múltiples agencias.
infobae.com
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