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En un hito sin precedentes para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura radicaron ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley que coordina la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) con el Sistema Judicial Nacional. Este esfuerzo marca un avance crucial en la implementación del artículo 246 de la Constitución Política, desatendido durante más de tres décadas.
Por primera vez, un instrumento jurídico reconoce formalmente el debido proceso propio de los 115 sistemas de justicia indígena existentes en el país. El proyecto no solo valora las particularidades y derechos de estas comunidades, sino que también establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional que garantizan el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas en la administración de justicia.
El Proyecto de Ley 287 tiene como objetivo principal armonizar la justicia indígena con la ordinaria, asegurando una coexistencia equilibrada y respetuosa entre ambos sistemas. Esta ley incluye una serie de medidas, como la mediación lingüística, la formación para autoridades y operadores judiciales, así como la capacitación de intérpretes en lenguas indígenas. Estos mecanismos buscan promover una justicia más inclusiva y accesible para las comunidades que históricamente han sido marginadas.
Durante la radicación formal, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, estuvieron acompañadas por líderes indígenas, magistrados y congresistas. Este proyecto de ley responde a la deuda histórica que el Estado colombiano tenía con los pueblos indígenas desde la promulgación de la Constitución en 1991, donde se reconoció su derecho a ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos, en consonancia con sus costumbres y cosmovisiones. Sin embargo, la falta de reglamentación ha generado vacíos normativos que durante décadas afectaron el acceso a la justicia para estas comunidades.
La ministra Ángela María Buitrago resaltó la importancia de este avance al señalar: “Este proyecto de ley es una deuda histórica que por fin estamos empezando a saldar. Los pueblos indígenas son una maravilla en términos de riqueza cultural y jurídica. Este instrumento fortalece el reconocimiento de sus sistemas de justicia, respetando su autonomía y cosmovisión”.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la inclusión de salvaguardas específicas para proteger los derechos de las mujeres indígenas. Se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la JEI como para la Justicia Ordinaria, con el objetivo de transformar prácticas que puedan vulnerar los derechos de las mujeres en las comunidades. En este sentido, se busca garantizar que tanto hombres como mujeres indígenas tengan acceso igualitario a la justicia.
Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, subrayó la importancia de la mediación lingüística como herramienta fundamental para garantizar la efectiva comunicación entre los sistemas de justicia. “La creación de herramientas de traducción, como los auxiliares de justicia, será un puente clave para facilitar el entendimiento entre la justicia indígena y la ordinaria. Este es solo un primer paso, pero es un avance significativo”, afirmó.
El proceso para la creación de este proyecto ha sido profundamente participativo. La Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), en colaboración con entidades del sector justicia, la Rama Judicial y organizaciones indígenas, han trabajado de la mano para asegurar que este marco legal respete la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
Nelson Cucuñame, comisionado indígena de la COCOIN, expresó que la jurisdicción especial indígena debe ser ejercida con responsabilidad y no limitarse a delitos menores. “Es fundamental que se extienda a asuntos transnacionales, garantizando así una justicia que abarque la protección de bienes universales como el territorio y los recursos naturales”, puntualizó.
Este proyecto fue protocolizado en junio pasado durante la Mesa Permanente de Concertación Indígena en Bogotá, marcando un avance decisivo en la construcción de un marco legal que respete la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Con esta ley, se busca que los pueblos indígenas puedan acceder a una justicia integral, que respete su identidad y que promueva la convivencia armónica entre los diferentes sistemas jurídicos en el país.
La propuesta legislativa no solo responde a una necesidad jurídica, sino que también tiene un profundo impacto social, al fortalecer el tejido intercultural y promover un diálogo entre la justicia indígena y la nacional. Esta es una oportunidad histórica para cerrar brechas y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
carloscastaneda@prensamercosur..org
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