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Colombia | La Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia presentan un ambicioso proyecto de reforma para revitalizar la justicia penal en Colombia

Redacción Colombia 8 de octubre de 2024 5 minutos leídos

Imagen @MinjusticiaCo

La Corte Suprema de Justicia, bajo el liderazgo de su presidente Gerson Chaverra Castro, ha dado un paso significativo en la búsqueda de una justicia más eficiente y accesible al presentar, junto a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, un ambicioso proyecto de reforma ante el Senado de la República. Esta iniciativa está diseñada para combatir la impunidad y garantizar una justicia penal más rápida y efectiva, ajustándose a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, sin menoscabo de los derechos fundamentales de las víctimas.

Este proyecto no surge de la nada, sino que es el resultado de un proceso de discusión y concertación con diversos sectores de la sociedad colombiana. La meta es clara: crear un articulado que proponga cambios estructurales que devuelvan el equilibrio al Sistema Penal Oral Acusatorio, un sistema que, a pesar de sus virtudes, ha visto comprometido su funcionamiento por las modificaciones que se han implementado a lo largo de los años. Uno de los problemas más notorios es el aumento de los tiempos de los procesos judiciales, que ha generado una percepción de ineficacia en el sistema.

El proyecto de reforma busca recuperar el espíritu original del sistema penal colombiano, establecido en 2004, que fue diseñado para potenciar la justicia premial y facilitar la resolución de casos. Sin embargo, las sucesivas reformas han aumentado las restricciones a figuras como los preacuerdos y los principios de oportunidad, herramientas valiosas que permiten la terminación anticipada de los procesos y que, a la postre, podrían contribuir a una justicia más ágil.

Actualmente, la realidad es alarmante: solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal se resuelven a través de mecanismos de terminación anticipada. Esto implica que un abrumador 90% de los casos terminan en juicio, un resultado que se aleja de la aspiración de un sistema judicial que prioriza las soluciones rápidas y consensuadas. Con la reforma propuesta, se pretende revertir esta tendencia, promoviendo que un mayor número de casos se resuelva de manera rápida y efectiva, evitando los juicios prolongados que no solo congestionan el sistema, sino que también generan un desgaste emocional y psicológico en las víctimas, revictimizándolas.

Entre las propuestas clave que han sido presentadas por la Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia se encuentran ajustes significativos, como el levantamiento de las restricciones a los mecanismos procesales que habían sido implementados por la Ley 906 de 2004. Además, se plantea la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, así como la aplicación eficiente del principio de oportunidad desde la fase de indagación. Se busca, de esta forma, que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir los mismos beneficios por allanamiento de cargos que aquellos que no han sido aprehendidos en esa condición, garantizando una mayor igualdad ante la ley.

Los elementos del articulado propuesto son contundentes. Por ejemplo, se contempla la extinción de la acción penal en casos donde se logre la reparación integral a las víctimas, un avance importante hacia la justicia restaurativa. Asimismo, se sugiere que la Fiscalía tenga la facultad de aplicar el principio de oportunidad desde el momento de la indagación, lo que podría permitir una resolución más ágil de los casos en sus etapas iniciales. También se prevé la implementación de procedimientos de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos, una medida que busca ampliar las opciones de resolución de conflictos y desatascar el sistema judicial.

Las cifras actuales reflejan una necesidad urgente de cambio. En 2022, Colombia reportó 1.648.871 noticias criminales, cifra que creció a 1.815.751 en 2023. Hasta ahora en 2024, ya se han registrado 559.313, lo que evidencia un aumento en las actuaciones penales y la posible congestión de la Fiscalía General de la Nación y la administración de justicia. A la fecha, el número total de casos activos asciende a 3.284.944, un panorama que indica una carga de trabajo insostenible para el sistema judicial.

A su vez, en 2023, la Fiscalía presentó 52.278 escritos de acusación, de los cuales únicamente 2.742 fueron producto de preacuerdos, una cifra que corresponde a poco más del 5% del total. Estos datos son elocuentes y evidencian cómo el actual enfoque está alejándose de los objetivos consustanciales al Sistema Penal Acusatorio, que busca una justicia más ágil y participativa. La presentación de este proyecto de reforma representa una oportunidad única para reorientar el rumbo de la justicia penal en Colombia, apostando por un sistema que respete los derechos de las víctimas y garantice un acceso real a la justicia para todos los ciudadanos.

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