Decenas de ecuatorianos han retornado al país en vuelos financiados por Estados Unidos que buscan frenar la migración irregular a través de la peligrosa selva
La crisis migratoria cuenta diariamente a miles de personas que, en busca de oportunidades, se aventuran a cruzar el peligroso tapón del Darién, una selva que divide a Colombia y Panamá. En lo que va de 2024, más de 244.200 migrantes han recorrido el riesgoso trayecto. Los ecuatorianos son una de las nacionalidades que más recurre a esta ruta. Sin embargo, muchos de ellos ya ha sido deportados por las autoridades panameñas en el marco de un acuerdo con Estados Unidos.
Para frenar el flujo migratorio irregular, el gobierno de Panamá firmó un acuerdo con Estados Unidos el pasado 1 de julio. Este convenio incluye la financiación de vuelos de deportación para migrantes irregulares, con un aporte económico de USD 6 millones de dólares por parte de Estados Unidos. A través de esta iniciativa, se han deportado a 433 personas en el último mes, la mayoría de ellas desde Panamá hacia sus países de origen.
El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), Roger Mojica, ha señalado que la meta es disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas cruzando el Darién, al tiempo que se promueve una migración “segura, ordenada y regular”.
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Fotografía de migrantes llegando en canoa al Darién en Panamá. EFE/ Moncho TorresEl último vuelo de deportación de migrantes ecuatorianos salió el viernes 20 de septiembre con 36 ciudadanos, de los cuales 35 fueron deportados por su estatus migratorio irregular y uno fue expulsado debido a que las autoridades confirmaron antecedentes criminales en su país, según reportó EFE. El vuelo partió de Ciudad de Panamá con destino a Manta, Ecuador, bajo la custodia de seis oficiales del SNM, según informaron las autoridades panameñas. Este es el segundo vuelo financiado por Estados Unidos con destino a Ecuador, en el marco del acuerdo bilateral.
El Darién es una de las regiones más peligrosas para los migrantes que buscan llegar a Norteamérica. Sus difíciles condiciones geográficas, sumadas a la presencia de grupos criminales y traficantes de personas, hacen de este paso una experiencia llena de riesgos. Los migrantes enfrentan deshidratación, enfermedades, ataques de animales salvajes, y en el peor de los casos, violencia por parte de delincuentes que operan en la zona.
Según las plataformas Insight Crime y Open Democracy, en el Darién operan del lado colombiano el Clan del Golfo –también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia– y del lado panameño “pequeñas bandas delictivas han sometido a los migrantes a un régimen de asaltos y violencia”. La plataforma especializada en seguridad ha estimado que “los migrantes pagaban hasta USD 440 por ser transportados desde Necoclí, un municipio ubicado en el golfo de Urabá, hasta Carreto, una localidad panameña al otro lado de la frontera. En otros casos, los migrantes pagaban entre USD 310 a USD 350 por llegar desde Necoclí hasta Acandí o Capurganá, en Chocó, cerca de la frontera con Panamá”. El Clan del Golfo reclama el 20% de impuesto a los guías y comunidades que conducen a los migrantes a través del Darién. La estimación es que los miembros de esta organización reciben USD 125 por cada migrante. De ser correcto ese cálculo, anualmente el Clan del Golfo obtiene USD 57 millones.
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Las deportaciones son parte de un acuerdo entre Panamá y los Estados Unidos. (REUTERS/Aris Martinez/File Photo)A pesar de estos peligros, miles de ecuatorianos, junto a ciudadanos de otros países como Haití y Venezuela continúan emprendiendo el peligroso cruce del Darién. Según el gobierno panameño, en 2024 la cantidad de personas que atraviesan esta selva ha disminuido en un 31 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron cifras récord. No obstante, se espera que unos 320.000 migrantes crucen el Darién este año, una cifra aún considerable, aunque menor en comparación con los 520.000 migrantes que lo hicieron en 2023.
El primer vuelo de deportación hacia Ecuador se realizó el 29 de agosto, con 30 migrantes a bordo. Entre ellos había personas con antecedentes penales, lo que refleja una política estricta de Panamá y Estados Unidos para gestionar la crisis migratoria.
Las deportaciones desde Panamá forman parte de una estrategia más amplia para controlar la migración irregular en la región. Mojica señaló que hasta el momento se han realizado once vuelos, con un costo aproximado de USD 900.000.
Para muchos migrantes, la deportación desde Panamá no significa el fin de su intento por llegar a Estados Unidos. Al ser devueltos a su país de origen, algunos intentan nuevamente realizar el peligroso cruce de la selva del Darién. Otros, sin embargo, regresan a sus hogares con la sensación de haber perdido todo, enfrentándose a las mismas dificultades que los llevaron a migrar en primer lugar.
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