La CIJ pide a la ONU a calificar de ilegal la ocupación israelí en territorios palestinos

En un contexto de creciente preocupación internacional, múltiples organizaciones no gubernamentales han instado a los Estados miembros de la ONU a alinearse con la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ocupación ilegal israelí de territorios palestinos.

La CIJ, en un hito legal, ha calificado la ocupación y la anexión de tierras palestinas por parte de Israel como una violación clara de principios fundamentales del derecho internacional humanitario, declarando ilegales estas acciones, y destacando su grave violación de los derechos humanos de millones de palestinos.

Resolución de la Asamblea General de la ONU

La CIJ también especificó que los Estados tienen «la obligación de no reconocer como legal» la situación actual derivada de la ocupación en el territorio palestino. Esta declaración se acompaña de una fuerte exhortación a no proporcionar apoyo alguno a la perpetuación de dicha ocupación.

Sin embargo, y a pesar de esta clara posición legal, la venta y transferencia de armamento continúan de manera casi incondicional en estos territorios, acentuando el riesgo de que se violen derechos humanos y normas del derecho internacional.

Con la próxima votación en la Asamblea General de la ONU sobre una resolución que busca poner fin a décadas de ocupación, las organizaciones que abogan por el respeto de los derechos humanos insisten en que los Estados, y especialmente los que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, deben apoyar la opinión consultiva de la CIJ. Esto implicaría la suspensión de transferencias militares que podrían contribuir al persistente conflicto y sufrimiento.

Impacto humanitario de la invasión

Las organizaciones firmantes, con amplia experiencia trabajando sobre el terreno en Gaza y Cisjordania, reportan haber sido testigos de primera mano de las consecuencias desgarradoras de la ocupación. Informan sobre el uso de fuerza mortal por parte de militares y colonos israelíes, lo que ha derivado en violaciones directas del derecho internacional, incluyendo víctimas civiles entre las que se encuentran numerosos niños y casos de violencia de género.

Además, reportan la detención arbitraria de palestinos, frecuentemente bajo condiciones inhumanas, y su procesamiento en tribunales militares israelíes. Destacan también el desplazamiento forzoso de familias palestinas debido a la demolición de sus hogares, la expansión de asentamientos israelíes y los ataques coordinados en Gaza, que han exacerbado las tensiones y el deterioro regional.

Crisis continuada en el territorio palestino ocupado

El régimen de permisos restrictivos impuesto a los palestinos ha contribuido a la negación de servicios esenciales, incluyendo la atención médica crítica. Estas políticas, ejecutadas sin rendición de cuentas durante décadas, se han intensificado en los últimos meses, generando una crisis humanitaria de enormes proporciones en todo el territorio ocupado.

El informe documenta que más de 40,000 personas han perdido la vida en Gaza, mientras que muchas más enfrentan lesiones debilitantes y traumas psicológicos, derivados de lo que las ONG describen como violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario. En Cisjordania, la situación es igualmente devastadora, con constantes ataques e incursiones israelíes que resultan en un cúmulo creciente de víctimas diarias.

Llamado a la acción internacional

Dado el bloqueo y la destrucción frecuente de la ayuda humanitaria necesaria por parte de las autoridades israelíes, las necesidades básicas de la población palestina siguen estando insatisfechas. Las organizaciones humanitarias resaltan que estas acciones tampoco abordan las causas fundamentales de la crisis, que consideran respaldada implícitamente por la comunidad internacional durante demasiado tiempo.

El rechazo a la acogida de la opinión consultiva de la CIJ, advierten, podría enviar un preocupante mensaje de permisividad sobre la selectividad en la aplicación del derecho internacional. Los Estados se encuentran ahora en una encrucijada, donde deben reafirmar su compromiso con la justicia y la ley, respondiendo con acciones concertadas antes de que haya más daños irreparables. La adhesión a la opinión de la CIJ es vista como un imperativo inmediato y inaplazable, según los firmantes de la declaración.