Reforma judicial: ¿por qué el proyecto de AMLO trajo polémica en México?

La serie de cambios al Poder Judicial mexicano aprobados a nivel legislativo y promulgados por el presidente López Obrador desató protestas y preocupación en el sector público y privado.

Con el apoyo de los legisladores a nivel nacional y federativo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró llevar a cabo la reforma al Poder Judicial Federal de México. Con protestas en las calles, diversas acusaciones y la suspensión provisional del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima Francisco Javier García Contreras, el presidente saliente deja el último legado de su gestión para el sexenio de Claudia Sheinbaum, que comenzará este 30 de septiembre.

Tras la promulgación de AMLO en el Diario Oficial de la Federación, en DEF te contamos cuáles son los puntos que causaron rechazo en los distintos rincones de la sociedad mexicana.

Los puntos críticos de la reforma judicial de AMLO

Tras semanas de debate, las Cámaras de Diputados y Senadores, y 25 de los 32 congresos locales, aprobaron la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador en sus últimos meses de gestión.

El paquete de modificaciones al sistema federal de Justicia consta de tres claves:

1. La pensión vitalicia
2. La creación del Órgano de Administración Judicial
3. La elección por voto popular

El texto impulsado por AMLO prevé la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a las remuneraciones máximas mensuales para estos cargos judiciales que serán determinadas por el presidente.

La división de poderes tendrá una nueva etapa y el monitoreo del Poder Ejecutivo hacia el Judicial será reforzado con el Órgano de Administración Judicial, un ente que albergará una rama disciplinaria y una administrativa.

Independiente de la Corte y compuesta por cinco autoridades, designadas por el presidente, el Senado y los restantes por la Suprema Corte, intervendrá en cuestiones de presupuesto y el monitoreo interno de cada funcionario judicial.

El voto popular, en el centro de la polémica

Por último, la elección por voto popular es sin dudas el motivo de mayor disputa y de las críticas públicas. La reforma establece que la ciudadanía podrá votar a los magistrados y jueces del sistema federal, un sistema llamativo que le da a los tres poderes la posibilidad de presentar sus listas de candidatos.

La aprobación legislativa y la promulgación de AMLO validan estos cambios que añadirán al sistema electoral dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial: la primera en junio de 2025 y una segunda en 2027.

Los comicios también determinarán la rotación de la presidencia de la Suprema Corte, la cual tendrá dos años de duración y el orden se establecerá en base a los resultados que obtenga cada candidatura en los comicios. Esto forma parte de la iniciativa de disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros.

Voces y argumentos en contra de la reforma judicial

La principal consigna detrás de las críticas a la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador sugiere que la elección por voto popular podría politizar al Poder Judicial, delegando los criterios de elección a la ciudadanía y a las fuerzas políticas. Según los críticos, la idoneidad para el cargo dejaría de ser clave para ocupar el puesto y eliminaría cualquier tipo de transparencia de la justicia mexicana.

Los jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normativas del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En una carta enviada al Congreso, indica que no se cumple el compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales.

La embajada de Estados Unidos en México reconoció que el acuerdo entre los tres países podría correr riesgo y debería ser revisado en 2026.

Otras entidades clave en pronunciarse fueron la Relatoría Especial de las Naciones Unidas y la organización de derechos humanos Human Rights Watch. Ambas hicieron foco en que la reforma compromete la independencia del Poder Judicial.

El sector empresarial de México también se mostró preocupado de que el gobierno de Claudia Sheinbaum cuente con todas las herramientas “para sacar adelante leyes que puedan perjudicar al sector privado, restarle seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo”.

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, también se pronunció al respecto. En su discurso inaugural en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados expresó que la reforma al Poder Judicial “busca la destrucción de su independencia para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder”.