La masacre de San Jacinto

Como parte de la represión desatada luego de las elecciones del 28 de julio siete personas fallecieron por armas de fuego en la conocida redoma de San Jacinto u Obelisco en Maracay, estado Aragua. Cinco fallecieron el día 29 y dos durante el mes de agosto como consecuencia de heridas recibidas ese fatídico día. Una de las personas que lamentablemente murió era funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.

Frente a la redoma queda la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército. Testimonios de personas que participaron en la protesta pacífica que se produjo en ese lugar, videos y fotografías indican que personas uniformadas dispararon desde adentro de la brigada contra la multitud.

Las víctimas son: Jesús Gregorio Tovar Perdomo, de 21 años; Rancés Daniel Yzarra Bolívar, de 30 años, que era ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa); Jesús Ramón Medina Perdomo, de 56 años, trabajador del sector salud en Maracay; Antonhy David Moya Mantía, de 20 años; Gabriel Ramos, de 33 años; José Antonio Torrents Blanca, de 26 años, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana de la promoción 106 que recibió herida con arma de fuego a la altura del cuello.

El 2 de agosto falleció Gabriel Ramos, a quien hirieron el 29 de julio en la redoma y Andrés Alfonso Ramírez, de 36 años, que murió el 21 de agosto y también le dispararon durante esa manifestación.

Algunos familiares indicaron que los patólogos al realizar las autopsias afirmaron que algunas muertes se produjeron como consecuencia de disparos muy posiblemente realizados con fusiles, por la magnitud de las heridas.

Le corresponde al Ministerio Público adelantar las investigaciones, establecer el tipo de armas que causaron las muertes, la distancia desde la cual se disparó, y aproximadamente desde qué lugar. Analizar la cantidad de videos existentes y fotografías del momento en el que se reprimió.

Debe empezar por solicitar al Ministerio de la Defensa los nombres de los comandantes y del personal que para ese día y las horas de la tarde se encontraban en la brigada, así como el comandante y los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que ese día participaron en la represión. Hay videos y fotografías donde aparecen nítidamente los rostros de los funcionarios.

Así como han sido tan ágiles y efectivos para identificar los rostros y después localizar a manifestantes, que demuestren su eficacia para identificar a los funcionarios, una labor muy fácil si se tiene voluntad de investigar y sancionar.

Es importante recordar que el Estado venezolano suscribió con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un memorando de entendimiento donde se obligó a investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Ese compromiso debe cumplirse no solo para responder las exigencias de la Corte, sino ante las familias de las víctimas y la población venezolana.

Las investigaciones deben extenderse a establecer la responsabilidad de los autores de los 25 asesinatos que se produjeron en el contexto de las protestas después de las elecciones. En el caso donde hay indicios que fueron consecuencia de la participación de militares y policías debe investigarse también las cadenas de mando.

Debemos como ciudadanos además de exigir justica reclamar que se cumpla con el mandato del artículo 68 de la Constitución que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.

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