Colombia | Fiscalía investiga uso ilegal del software Pegasus en el gobierno de Iván Duque: Denuncia de Gustavo Petro expone posible espionaje a la oposición

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación para esclarecer la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la adquisición y uso ilegal del software espía “Pegasus” durante el gobierno de Iván Duque. Según la denuncia, este software habría sido utilizado para interceptar comunicaciones de forma ilegal, con posibles seguimientos a miembros de la oposición, magistrados y funcionarios de altas cortes, en lo que sería uno de los mayores escándalos de espionaje en Colombia.

La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó esta investigación como parte de una indagación más amplia, abierta en junio pasado, que busca esclarecer las acusaciones de interceptaciones y seguimientos irregulares. Las sospechas apuntan a que durante el mandato de Duque se habrían empleado herramientas de vigilancia avanzada para espiar a personas influyentes del país, en un acto que podría violar tanto la ley nacional como tratados internacionales sobre derechos humanos y privacidad.

Uno de los puntos clave de la investigación es un informe de transacciones inusuales que la entidad de investigaciones financieras de Suiza habría transmitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. Este informe revela la presunta compra en efectivo del software espía Pegasus por un valor de 11 millones de dólares. Las transacciones habrían sido realizadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) entre junio y septiembre de 2021, cuando el general Jorge Luis Vargas era director de la Policía Nacional y el general Norberto Mujica dirigía la Dipol.

El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es conocido por su capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles para monitorear comunicaciones, acceder a datos privados e incluso activar cámaras y micrófonos sin que el usuario lo sepa. Este tipo de tecnología, que debe ser utilizada solo bajo estrictas órdenes judiciales en casos justificados, fue presuntamente adquirida de manera ilegal por las autoridades colombianas para realizar interceptaciones sin autorización judicial.

La denuncia presentada por Petro plantea una grave preocupación sobre el uso de esta tecnología durante el gobierno de Duque, que al parecer estuvo dirigida a espiar a opositores políticos y miembros de la Judicatura. De confirmarse estas acusaciones, no solo estaríamos frente a una violación de las garantías constitucionales de privacidad y libertad de expresión, sino también ante una estrategia sistemática para silenciar o controlar a sectores críticos del gobierno de turno.

El alcance del escándalo toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que el uso de Pegasus ha sido objeto de controversias a nivel mundial. En varios países, su uso ha sido denunciado por vulnerar derechos humanos y facilitar la persecución de activistas, periodistas y opositores políticos. En Colombia, si se comprueba que fue empleado de manera ilegal contra la oposición, este hecho podría tener profundas implicaciones tanto a nivel judicial como político.

La Fiscalía ha ordenado la revisión detallada de los hallazgos presentados en el informe suizo, incluyendo los registros de los viajes y los montos de dinero en efectivo que presuntamente utilizó la Dipol para adquirir Pegasus de manera ilegal. Los investigadores buscan identificar a los responsables directos de estas transacciones y establecer si se cometieron delitos en la utilización de esta tecnología para interceptar a personalidades políticas, magistrados y otros actores clave del país.

El expresidente Iván Duque, por su parte, ha guardado silencio sobre las acusaciones, mientras que el general Jorge Luis Vargas y el general Norberto Mujica, quienes ocupaban altos cargos en la Policía durante ese periodo, también figuran en el radar de la Fiscalía como posibles implicados en la operación de espionaje. La denuncia de Petro, además de exponer una posible trama de espionaje en el gobierno anterior, subraya la importancia de salvaguardar las garantías democráticas y los derechos fundamentales en el país.

La Fiscalía seguirá avanzando en la investigación, y de confirmarse las acusaciones, el caso podría tener repercusiones de gran envergadura, afectando a exfuncionarios del más alto nivel.

carloscastaneda@prensamercosur.org