28 % de leyes aprobadas por la AN en 2023 están en un «limbo»

Un porcentaje importante de las leyes que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en 2023 terminaron en un “limbo legislativo”, porque hasta la presente fecha de 2024 no han sido publicadas en la Gaceta Oficial.

Debido a ello, según detalla la ONG Acceso a la Justicia, técnicamente esos instrumentos legales no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento, ni a las autoridades ni a los ciudadanos.

El año pasado, el Parlamento venezolano de mayoría oficialista aseguró haber dictado 14 leyes, pero una revisión realizada por Acceso a la Justicia de la lista de textos arrojó que 4 de ellos no han sido sometidos al último trámite para considerar que en realidad están vigentes. La cifra supone el 28,57 % del total.

Esta organización no gubernamental explica que el artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela».

Por su parte, el artículo 1 del Código Civil establece que «la Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique». Algo similar estipula la Ley de Publicaciones Oficiales, cuyo artículo 10 señala que «las leyes y demás actos jurídicos del Estado de efectos generales entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela».

Una tendencia preocupante

La revisión realizada por Acceso a la Justicia arrojó que los textos cuya suerte se desconoce son la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, sancionada el 26 de julio de 2023; la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, sancionada a finales de septiembre de 2023; la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024; y la Ley Especial de Endeudamiento Anual, ambas sancionadas el 14 de diciembre.

Hasta el momento, no se ha informado si Nicolás Maduro vetó parcial o totalmente alguno de los instrumentos, o si, por el contrario, los promulgó (para lo cual tiene 10 días a partir de su recepción), pero por alguna causa los mismos no han sido enviados al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo) para su publicación en el diario oficial del Estado, o si los recibió se desconocen las razones por las cuales estas Gacetas no son públicas.

En el caso de la Ley aprobatoria del acuerdo en  materia de inversiones entre Venezuela y Turquía, queda a discreción del Ejecutivo el momento de su promulgación, según lo dispone el artículo 217 de la carta magna, no así en los otros casos.

El último escenario planteado ya se ha producido en el pasado. La Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora fue sancionada por la AN el 11 de octubre de 2022; sin embargo, su publicación en la Gaceta Oficial no se produjo, sino hasta el 29 de noviembre de 2023, es decir, que entró en vigor más de 13 meses después.

«Los retrasos en la publicación de las leyes que el Parlamento sanciona se registran desde hace años, y aunque en 2023 el número de normas de las que se perdió la pista tras ser aprobadas por los diputados fue menor al registrado en el período previo, cuando ocho de esos instrumentos jurídicos corrieron esta misma suerte, lo cierto es que esta práctica y sus peligrosos efectos se mantienen vigentes», asevera la ONG.

Siete años en las sombras

De las cuatro leyes aprobadas en 2023 por la AN, cuyo paradero se desconoce hasta ahora, destacan tanto la del presupuesto nacional como la Ley de Endeudamiento para el presente año.  Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios tan fundamentales como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

Sin embargo, desde 2015 las autoridades han optado por no difundir el texto íntegro del proyecto de ingresos y gastos de la nación, algo que viola flagrantemente disposiciones como las contenidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el cual estipula que la administración de los fondos públicos estará «regida por los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación macroeconómica».

«Debemos advertir que la opacidad que rodea al presupuesto público impide el ejercicio de la contraloría social y fomenta la corrupción administrativa. También llama la atención que la Contraloría General de la República no haya dicho nada al respecto desde 2015, lo que demuestra una vez más su falta absoluta de autonomía», agrega Acceso a la Justicia.

Enlace a la tabla sobre las leyes de la AN, promulgadas por el Ejecutivo Nacional y publicadas en Gaceta Oficial 2021-2024.