Caso Penadés: funcionario público imputado por presunto encubrimiento al exsenador nacionalista

Un caso que ha captado la atención pública en los últimos meses es la imputación de un funcionario público no policial por su presunta participación en una trama destinada a encubrir al exsenador Gustavo Penadés.

Este último fue imputado a finales de octubre de 2023 por 22 delitos relacionados con el abuso sexual de menores. La audiencia reciente de este martes fue uno de los nuevos desarrollos en este controvertido caso.

La fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, comunicó por intermedio de Javier Benech, jefe de Comunicación de Fiscalía, que al funcionario involucrado se le imputó el delito de cohecho simple. Según la determinación del tribunal, al imputado se le implementó una medida cautelar de prisión domiciliaria de 180 días, mientras que se prosigue con la investigación. El proceso sigue siendo reservado, lo que impide conocer mayores detalles sobre este individuo y el alcance de su implicación.

El Código Penal, en su artículo 157, define el cohecho simple como el acto en el que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, recibe, para sí o para un tercero, una retribución indebida, o acepta la promesa de tal retribución.

Dicho artículo establece que las penas para este delito incluyen multas de trescientos a dos mil pesos, y la inhabilitación especial que puede extenderse de dos a cuatro años. Asimismo, si el funcionario acepta la retribución por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones, la pena se reduce de una tercera parte a la mitad.

Por otra parte, Gustavo Penadés sigue en prisión preventiva pendiente de una sentencia formal. Mientras tanto, el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, ya fue condenado a comienzos de marzo de 2024 a tres años de prisión efectiva después de un proceso abreviado. Fue hallado culpable de cohecho calificado, asociación para delinquir y múltiples delitos de revelación de secretos. Este caso fue uno de los varios que comenzaron su cierre en el ciclo de justicia penal respecto a la trama de Penadés.

En diciembre de 2023, otras cinco personas también fueron condenadas por su rol en la ayuda a Penadés. Entre los condenados estaba el exfuncionario del Parlasur, Diego Cuiñas, a quien se le acusó de un delito continuado de tráfico de influencias y asociación para delinquir, considerando el agravante de su condición de funcionario público.

Estas cinco personas inicialmente estaban programadas para ser imputadas por supuestamente haber asistido al exsenador en el escándalo de explotación sexual de menores. Sin embargo, finalmente fueron condenadas a finales del año pasado, tal y como confirmaron varias fuentes de la Fiscalía.

Se llegó a un proceso abreviado en el cual los acusados admitieron su colaboración en los delitos, aceptando penas reducidas “hasta un tercio menores de lo que la ley establece”, según lo relataron las fuentes. Este tipo de acuerdos están contemplados en las normativas legales como una alternativa en procedimientos penales.

Además, se llegó a un consenso para la reparación económica, tal como lo estipula la Ley de Violencia Basada en Género, que establece un pago de hasta 12 salarios mínimos. Así lo detalló Soledad Suárez, abogada de las víctimas, a medios de prensa.

La jueza del caso, Marcela Vargas, aprobó el acuerdo para tres civiles y dos policías. Los policías, uno de los cuales colaboró directamente con Carlos Taroco, enfrentaron cargos por cohecho calificado agravado y asociación para delinquir.

Por su parte, entre los civiles, Diego Cuiñas fue acusado de tráfico de influencias agravado y asociación para delinquir agravada por su posición como funcionario público. Según información proporcionada entonces por el diario El Observador, los otros dos civiles imputados incluían a un responsable de un club social y vecino de Taroco en el barrio Peñarol, quien organizó una reunión con Taroco, Cuiñas y Penadés.