La Contraloría General de la República ha identificado 24 hallazgos fiscales que ascienden a $15.549 millones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como resultado de una auditoría financiera realizada a los estados financieros y la información presupuestal del ICBF a 31 de diciembre de 2023. En total, se establecieron 147 hallazgos administrativos, de los cuales 70 podrían tener implicaciones disciplinarias.
Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría señaló que la pérdida de apropiación en la vigencia 2023 alcanzó los $111.643 millones, sin que el ICBF implementara las recomendaciones del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. La ejecución más baja se registró en programas destinados al desarrollo integral de niñas y niños entre 6 y 13 años, con un preocupante 66.4%, y en proyectos para adolescentes y jóvenes, que apenas alcanzaron el 56.99%.
El informe también revela deficiencias en la supervisión, como el pago de raciones familiares no entregadas y la compra de bienes no autorizados. Además, se encontraron inmuebles en estado de abandono, incumpliendo el objeto de los contratos.
La auditoría cubrió 14 puntos de control en diversas Direcciones Regionales del ICBF, como Antioquia, Atlántico, Boyacá, y Meta, entre otras. Los ingresos del ICBF para la vigencia 2023 fueron de $9.08 billones, de los cuales el 56.39% provino de Aportes de la Nación y el 43.61% de Recursos Propios. A pesar de este incremento presupuestal del 12.74% respecto al 2022, la ejecución de los gastos se ubicó en un 94.94%.
Se identificaron debilidades en la planeación presupuestal que afectaron directamente la ejecución de los recursos, particularmente en los rubros de personal y transferencias corrientes. Además, la Contraloría destacó la falta de entrega oportuna de información clave para la auditoría, como en el caso del Convenio Nro. 01014282022 entre el ICBF y las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Uno de los hallazgos más graves se relaciona con dos obras inconclusas en Ibagué, los hogares infantiles Payasito y Copetín, donde se realizaron pagos por $705 millones y una compensación por $43 millones, pero no se justificó el avance de obra reportado, dejando las instalaciones en estado de abandono. Esto ha generado gastos adicionales en servicios públicos y vigilancia, motivo por el cual se solicitará una indagación preliminar.
Entre los hallazgos de mayor cuantía se incluyen dos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, uno por $2.202 millones y otro por $4.904 millones, relacionados con recursos no ejecutados o sin soporte adecuado en su ejecución. Estos hallazgos ponen en evidencia serias irregularidades que afectan la gestión y eficiencia de los recursos destinados al bienestar de la infancia y adolescencia en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org