Cidh condena “prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) emitieron un comunicado en el que condenan “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela” y advierte que el gobierno actual ha perpetuado prácticas de terrorismo de Estado.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones, las organizaciones denunciaron que : «Las prácticas de terrorismo de Estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Prácticas que consolidan la denegación del derecho a la participación política. Ello, en un contexto de absoluta desprotección y vulnerabilidad frente a los abusos del poder respecto de los cuales no existen recursos de tutela, toda vez que los organismos de control responden al régimen y hacen parte de la estrategia represiva del Estado».

La Cidh también afirma que el gobierno de Nicolás Maduro “está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpertuar el régimen autoritario oficialista en el poder”.

Dichas prácticas incluyen “represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política”.

El documento de la Cidh y la Rele fue publicado este jueves 15 de agosto, poco antes de que en Venezuela se aprobara la llamada ley contra las ONG, en la Asamblea Nacional de mayoría chavista. La mencionada ley, que consta de 39 artículos, genera alarma entre defensores de derechos humanos y activistas en todo el mundo, pues aseguran que busca reducir, todavía más, el espacio cívico en Venezuela.

La Cidh y la Rele evaluaron el contexto político venezolano desde octubre de 2023 hasta la fecha y destacaron que “el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes”.

En el documento también se destaca que la actual crisis política y electoral en Venezuela agrava las problemáticas estructurales ya existentes entre las que destacó: la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la movilidad forzada de personas.

Cidh muestra preocupación por situación en Venezuela

En el documento, la Cidh y la Rele también consideraron las declaraciones de Nicolás Maduro previas a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Especialmente cuando el gobernante habló de un “baño de sangre” y una posible “guerra civil” en el país si no ganaba los comicios.

“Este anuncio tuvo el objetivo de infundir terror en la población y generar un efecto paralizador de la participación ciudadana en el proceso”, se lee en el texto publicado este jueves 15 de agosto.

La Cidh también mencionó que, hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados completos ni las actas que sostengan los números presentados por el presidente del ente comicial.

“Después del cierre de las mesas, surgieron denuncias sobre graves irregularidades en la transmisión de las actas electorales para la verificación y el conteo de votos, así como sobre la falta de transparencia y otros obstáculos en el proceso de auditoría ciudadana”, dice el comunicado.

En el documento se dedican cinco puntos a analizar y explicar la forma en la que el gobierno de Nicolás Maduro ha perseguido, hostigado, censurado y restringido cualquier tipo de voz disidente en las últimas semanas.

“Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de «instigación al odio» y «terrorismo», anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”, se menciona en la misiva.

La Cidh y la Rele “hacen un llamado a la comunidad interamericana”, pero también al propio Estado venezolano para “restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de derecho” en Venezuela.