Han pasado dieciocho años desde que el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la Ley Maria da Penha, una legislación clave en la protección contra la violencia hacia las mujeres. Nombrada en honor a Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacéutica del estado de Ceará que sobrevivió a dos intentos de asesinato por parte de su esposo en 1983 y que más tarde se convirtió en activista contra la violencia de género, esta ley marcó un avance significativo. Sin embargo, los progresos legislativos no han logrado frenar el aumento de feminicidios, agresiones y abusos contra las mujeres.
La Ley Maria da Penha introdujo medidas de protección de emergencia para romper el ciclo de violencia y prevenir nuevos casos de maltrato doméstico, abarcando daños físicos, morales, psicológicos, sexuales y patrimoniales. Antes de su promulgación, estas formas de violencia solían considerarse delitos menores.
Marisa Sanematsu, directora de contenidos del Instituto Patrícia Galvão, una organización feminista brasileña dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, subraya que muchas mujeres han sido agredidas y asesinadas debido a la anterior laxitud en el trato de estos delitos. Las agresiones quedaban a menudo impunes o eran castigadas con penas leves, como multas o canastas básicas de alimentos, y se justificaban con argumentos de “legítima defensa del honor masculino”.
“Las agresiones contra las mujeres solían considerarse un asunto menor, una cuestión privada a resolver entre cuatro paredes. En los tribunales, la violencia doméstica se trataba como una pelea entre vecinos que se resolvía con una multa o una cesta básica de alimentos”, explica Marisa Sanematsu.
La ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, señala que la ley ha aportado importantes cambios a la sociedad brasileña. “Define claramente diversos tipos de delitos, como la violencia física, psicológica, patrimonial, moral y sexual, y estructura al Estado brasileño para ofrecer un apoyo integral a las mujeres”, afirmó en una entrevista con Agência Brasil.
Para conmemorar el aniversario de la Ley Maria da Penha, el gobierno federal ha instituido el “Agosto Morado” como un periodo dedicado a la concienciación y la lucha contra la violencia de género en Brasil.
Avances
Los expertos subrayan varias innovaciones clave introducidas por la Ley Maria da Penha, entre las que se incluyen medidas de protección de emergencia como la expulsión del agresor del hogar o del espacio de convivencia, la imposición de distancias obligatorias entre el agresor y la víctima, el uso de tobilleras electrónicas para el control del acusado y la suspensión del derecho del agresor a poseer armas.
Además, la ley estableció medidas más estrictas para enfrentar la violencia contra las mujeres y ordenó la creación de servicios públicos esenciales para asegurar su implementación. Estos servicios incluyen comisarías especializadas para mujeres, refugios, centros de referencia multidisciplinares y tribunales especializados con jurisdicción civil y penal para tratar casos de violencia doméstica y familiar.
Lisandra Arantes, abogada especializada en derechos de la mujer y miembro del Consorcio de Seguimiento de la Ley Maria da Penha, considera que esta legislación ha sido un avance significativo para la protección de las mujeres en Brasil. Destaca que la ley fue la primera en reconocer que la violencia está impulsada por la misoginia, el odio hacia las mujeres y las cuestiones de género.
“La Ley Maria da Penha representa un gran avance en la protección de las mujeres contra la violencia. Sin embargo, este progreso no implica que hayamos solucionado todos los problemas; aún queda mucho trabajo por hacer”, afirmó Arantes.
Cifras
A pesar de los avances legislativos, la violencia contra las mujeres sigue en aumento en Brasil. Según el Consejo Nacional de Justicia, en 2022 los tribunales brasileños recibieron 640.867 casos de violencia doméstica, familiar y feminicidio.
Los datos del último Anuario Brasileño de Seguridad Pública muestran un incremento en todas las categorías de crímenes contra mujeres en 2023 en comparación con 2022. Esto incluye homicidios, feminicidios (tanto en grado de tentativa como consumados), agresiones de violencia doméstica, amenazas, acoso, violencia psicológica y violación.
El año pasado, las agresiones contra mujeres aumentaron un 9.8%, alcanzando 258,941 casos denunciados. El número de mujeres amenazadas creció un 16,5%, con 778.921 casos registrados, mientras que los incidentes de violencia psicológica se dispararon un 33.8%, sumando 38.507 casos.
El anuario, basado en informes policiales recopilados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), revela que entre 2015 y 2023 al menos 10.655 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Brasil. En 2023, los feminicidios aumentaron un 1,4% respecto al año anterior, totalizando 1.463 casos, lo que equivale a un promedio de más de cuatro mujeres asesinadas al día. Esta es la cifra anual más alta registrada desde que el FBSP comenzó a recopilar estos datos en 2015, cuando se promulgó una ley que clasificaba el feminicidio como un agravante en los casos de homicidio y lo incluía entre los crímenes atroces.
La directora del Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, aboga por medidas más contundentes. “El alarmante aumento de agresiones y feminicidios subraya la urgente necesidad de un pacto de tolerancia cero contra la violencia doméstica”, afirma Sanematsu.
“Cada feminicidio representa una tragedia evitable si el Estado y la sociedad se unen para combatir y denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres”, concluye Sanematsu.
Fuente de esta noticia: https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/internacional/noticia/2024-08/ley-maria-da-penha-avances-legales-no-frenan-aumento-de-crimenes
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