Para Nelson Baldeón, experto petrolero, uno de los problemas en Ecuador es que los Gobiernos se han dedicado más a importar combustibles, antes que invertir en infraestructura para la producción petrolera.
Ecuador es el ejemplo para el resto de países latinoamericanos en cuanto a lo que no se debe hacer en producción petrolera e hidrocarburífera.
¿Por qué? En los últimos meses, países como Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana y México han acelerado la extracción de sus recursos naturales como petróleo y gas. Mientras que en Ecuador la producción de petróleo ha descendido a 486 000 barriles diarios, y la proyección es que siga a la baja.
Así, por ejemplo, Argentina está obteniendo jugosos recursos de su yacimiento petrolífero Vaca Muerta, situado en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. “La venta de gas de Vaca Muerta mediante la licuefacción sumará unos USD 15 000 millones anuales, pero eso será desde 2031”, reseña un reporte del diario El Litoral.
En Perú se ha iniciado con la “perforación de sus primeros pozos exploratorios de hidrocarburos upstream luego de más de dos años de ausencia de dicha actividad”, refiere BNAmericas.
México le apuesta a la inversión privada para aumentar su producción petrolera, que subió durante junio de 2024 “por un ligero incremento de las empresas privadas”, señala Bloomberg.
El mismo medio también hace un paneo a Bolivia, país que descubrió un megacampo de gas natural. Se estima que su producción genere unos USD 6 800 anuales. Asimismo, se resalta que este país había estancado su industria gasífera “por la falta de inversión en exploración (…) y en 2022 se convirtió en importador neto de energía por primera vez en décadas”.
¿Qué sucede con Ecuador?
Nelson Baldeón, exgerente de Comercio Extererior de Petroecuador y experto en materia hidrocarburífera, explica que en el mundo hay un mercado que necesita comprar petróleo y gas y los países latinoamericanos mencionados apuntan hacia allá. Pero Ecuador, considera, no aprovecha sus recursos y los mantiene bajo tierra.
En este sentido, critica y califica como una “locura demencial” que se vaya a cerrar el bloque petrolero 43 del ITT-Yasuní, el cual genera “aproximadamente USD 1 200 millones anuales y alberga reservas totales (3P) de unos 548 millones de barriles, valoradas en aproximadamente USD 27 000 millones”.
A su juicio, el cierre del ITT “tendrá un impacto devastador en la economía y la seguridad energética de Ecuador. Desmantelar esta infraestructura conlleva riesgos ambientales elevados, supone un costo considerable de aproximadamente USD 1 800 millones, llevará años su ejecución y abriría la puerta a actividades ilegales”.
El problema de la importación
Otro de los problemas, enfatiza Baldeón, es que Ecuador se está dedicando más a importar combustibles antes que a invertir en los mecanismos para la producción, como en las refinerías. Y asegura que detrás de este proceso hay “toda una mafia” que ya se ha enquistado en el Estado.
“Compramos, compramos y compramos diésel. Después de cinco años hay que hacer una reforma tributaria y si ves las cuentas el déficit fiscal es por la importación de combustibles”, dice el experto.
¿Y las soluciones?
La inversión privada mediante contratos de participación, la modernización de los procesos de licitación y la seguridad jurídica es la receta que expertos en la industria petrolera apuntan para revitalizar la alicaída producción de crudo de Ecuador y, así, el Estado no vea mermados los ingresos por esta actividad.
El 80 % de la producción es de Petroecuador, una compañía pública con limitaciones para atender las inversiones necesarias, debido al contexto actual: cuentas deficitarias del Estado y un constante reajuste del gasto público.
El 20 % restante está a cargo de empresas privadas, la mayoría con contratos de servicios por los que reciben una tarifa por barril producido, una modalidad que se impuso en 2010 por decisión del Gobierno para terminar con los contratos de participación.
En cambio, con el actual Gobierno y el sector privado se apunta a retornar a esa modalidad contractual, donde las empresas privadas reciben los bloques en concesión con una cuota de participación de la producción y hacen todas las inversiones.
De ese modo, el Estado solo recibe rentas (no menos del 51 % por ley) sin haber gastado nada ni haber asumido otros riesgos derivados.
“Usualmente, la renta para el Estado es del 70 % y 80 %”, señaló a EFE el exviceministro de Hidrocarburos, Sergio Enderica, para quien este modelo sirve tanto para los bloques petroleros del sur de la Amazonía ecuatoriana pendientes de exploración como para los yacimientos ‘offshore’ de gas.
Reversión de campos
La aplicación nuevamente de los contratos de participación se ha vuelto más viable con el nuevo reglamento de la Ley de Hidrocarburos, que además permite delegar a una empresa privada o a una compañía estatal extranjera campos que actualmente están a cargo de Petroecuador.
Ese proceso podría tomar alrededor de un año y, según Enderica, permitiría reducir en una tercera parte aproximadamente el presupuesto de Petroecuador, que ronda los USD 4 500 millones.
Uno de los yacimientos donde estos especialistas apuntan a que puede aplicarse esta figura es el de los Bloques 16 y 67, cuya explotación fue asumida por Petroecuador en 2023, tras culminar los contratos de servicios del anterior.
Desde entonces, la producción de estos campos ha decaído de 15 000 a 10 000 barriles por día por la ausencia de nuevas inversiones y conflictos con comunidades indígenas de la zona (USD 103 millones perdidos en un año).
“Va a haber muchas voces estatizantes que se van a oponer a que la empresa estatal deje de operar esos bloques, pero no tiene el dinero para esas cuantiosas inversiones”, comentó a EFE el abogado especialista en energía y recursos naturales, Francisco Roldán.
“Falta la decisión política”
Para el letrado, “lo que falta es decisión política”, pues a su juicio el contrato de participación “es la mejor figura contractual” y la más extendida en el mundo.
El abogado señaló que “más seguridad jurídica” permitiría que volviesen las grandes empresas mundiales que se fueron del país desde que en 2010, lo que a su juicio dejó a Ecuador en una posición de desventaja en el panorama internacional.
Por su lado, la asesora jurídica de varias empresas del sector, Marisela Salinas, dijo que “no hay razones válidas” para postergar más el retorno de los contratos de participación”.
También incidió en la importancia de una mayor digitalización y dinamización de los procesos de licitación, así como reforzar la seguridad jurídica sin cambios de condiciones, especialmente en el esquema tributario.
EFE
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