El valor estratégico de Taiwán y la estabilidad en Asia para América Latina

El 7 de junio de 2024, tuve el privilegio de participar como ponente en un evento en Miami, Florida, organizado por la Misión Presidencial de América Latina, que reunió a tres ex presidentes latinoamericanos, altos funcionarios gubernamentales y diplomáticos latinoamericanos actuales, y a más de 100 personas de Estados Unidos y de la región. El evento se centró en la relación estratégica entre América Latina y Asia, el papel específico de Taiwán y otros socios asiáticos individuales en dicha relación, así como en cuestiones técnicas como la transición hacia una energía verde. El siguiente trabajo se basa en mi intervención en dicho evento y en las interacciones que mantuve allí con sus distinguidos participantes.

A nivel popular, la imagen de Asia en América Latina está dominada por la esperanza de beneficiarse del acceso a los mercados de la República Popular China (RPC) y asociarse con sus empresas. La mayoría busca distanciarse de lo que ocurre en la región en nombre de mantenerse al margen de la “competencia entre grandes potencias”. Sin embargo, América Latina tiene un enorme interés, aunque en gran medida no reconocido, en la dinámica económica y política de Asia. Por la región pasan 3,4 billones de dólares del comercio mundial, incluido el 70% del comercio marítimo mundial.

Según el Fondo Monetario Internacional, el comercio de América Latina con Asia en 2022 ascendió a 819.000 millones de dólares, de los cuales sólo un poco más de la mitad (488.000 millones) correspondieron a la República Popular China. La región alberga una serie de industrias críticas para el funcionamiento de la economía latinoamericana y mundial, como los chips semiconductores; la empresa TSMC, con sede en Taiwán, produce el 60% de estos chips a nivel mundial, y el 90% de los chips más avanzados utilizados en aplicaciones como la inteligencia artificial.

Más allá del papel de la República Popular China y sus empresas estatales en América Latina, las empresas de Taiwán, Japón y Corea, incluidas Hyundai, Posco, Samsung, SK, LG, Mitsubishi, Toyota y Mitsui, entre otras, han operado en la región durante más de tres décadas, empleando a un número significativo de latinoamericanos y, en general, con un buen historial de responsabilidad social corporativa.

En el ámbito del desarrollo, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Agencia Coreana de Cooperación para las Inversiones en el Extranjero (KOICA), el Banco de Desarrollo de Japón (JDB) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de las Inversiones de Taiwán (ICDF) han realizado importantes contribuciones al avance de la región, entre otras cosas ayudando a proporcionar cualificaciones y oportunidades a los grupos marginados y a mejorar su situación.

En el contexto de la amplitud de dichos vínculos a través del comercio, la inversión y el apoyo al desarrollo, las perturbaciones a gran escala que causaría una guerra de gran envergadura en Asia repercutirían negativamente en América Latina no sólo a través de la economía y el sistema financiero mundiales, sino también directamente a través de la interrupción de la logística comercial y de numerosas cadenas de suministro y operaciones empresariales que conectan América Latina con la región.

Especialmente teniendo en cuenta lo que está en juego, América Latina no puede permitirse el lujo de descartar como “preocupaciones lejanas” los crecientes riesgos de conflicto militar que genera la postura cada vez más agresiva de la RPC hacia Taiwán y sus vecinos asiáticos. Dos días después de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido de la República de China (ROC), Lai Ching-te, el Ejército Popular de Liberación llevó a cabo un gran ejercicio militar “Espada Conjunta 2024A” en torno a Taiwán, a modo de ensayo, y de mensaje sobre su invasión de Taiwán. En los últimos años ha llevado a cabo este tipo de ejercicios a gran escala con una frecuencia cada vez mayor, incluso tras la visita a la República Popular China de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto de 2022, y de nuevo en abril de 2023 como repulsa a un viaje a Estados Unidos del vicepresidente taiwanés, William Lai. El “nombramiento” de la RPC del ejercicio actual, y la designación “2024A” parecen indicar su intención de regularizar tales actos de intimidación, y tal vez llevar a cabo más de uno por año.

Estas acciones de la RPC complementan su actividad cada vez más agresiva en los mares de China Meridional y Oriental, incluido el establecimiento de instalaciones militares a gran escala en arrecifes y bajos disputados en el mar de China Meridional, su afirmación de reivindicaciones marítimas prácticamente hasta las costas de sus vecinos en la región a través de su “línea de 10 rayas”, en violación de las sentencias de los tribunales internacionales sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), además del despliegue por parte de la RPC de la “Guardia Costera China” y la milicia marítima para hostigar a los buques gubernamentales y comerciales que operan en esas aguas, incluido el ataque a buques de la Armada filipina que intentan reabastecer su posición en el 2nd Thomas Shoal con ráfagas de cañones de agua de fuerza potencialmente letal y estructuralmente dañina, así como la realización de maniobras peligrosas contra buques y aeronaves estadounidenses y sus aliados que llevan a cabo operaciones de libertad de navegación (FONOPS) en la zona.

América Latina debería tomar nota de estos comportamientos de la RPC, a pesar de la retórica pacífica y deferente que acompaña el cortejo de China a su propia región, como prueba de cómo se comporta la RPC cuando opera desde una posición de fuerza persiguiendo su interés nacional, y de cómo podría operar a medida que su posición de fuerza comercial, política y militar continúe expandiéndose en América Latina.

El riesgo de una guerra entre la RPC y Occidente no surge únicamente de la perspectiva de una invasión de Taiwán por parte de la RPC, sino también de un error de cálculo, que implique un posible intento de la RPC de bloquear Taiwán, o incidentes en los que sus acciones provoquen incidentes como el derribo de aviones occidentales o el hundimiento de sus barcos durante tales maniobras agresivas.

Más allá de los trastornos económicos, la guerra con la RPC involucraría a América Latina, a pesar de su deseo de no tomar posición en nombre de “mantenerse al margen o sacar ventaja de la competencia entre grandes potencias”. Sería impensable para los capaces planificadores del Ejército Popular de Liberación (EPL) no considerar todas las formas en que podría utilizar su creciente posición comercial y sus relaciones militares en América Latina contra EEUU. Tal explotación podría incluir el aprovechamiento de la proximidad de sus puertos comerciales y otras instalaciones para interrumpir las instalaciones en las costas este y oeste de EEUU, utilizadas para el despliegue y sostenimiento de fuerzas en el Indopacífico. Esto incluye tanto instalaciones como Bejucal, Cuba, donde ya tiene presencia militar, puertos que opera cerca de estas zonas, e islas cercanas a EEUU como Antigua y Barbuda, donde tiene una presencia comercial significativa y la influencia política asociada.

El EPL podría explotar aún más sus conocimientos comerciales y su presencia en la zona del Canal de Panamá, de forma superficialmente negable, para cerrar el Canal durante un conflicto. Del mismo modo, podría utilizar las instalaciones previstas en el sur de Argentina para poner en peligro la navegación a través del Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake, explotar su acceso a las instalaciones espaciales del hemisferio occidental para apuntar a satélites estadounidenses y comunicarse con sus propios activos espaciales utilizados para observar o atacar a Estados Unidos, además de utilizar los puertos que controla, como su nuevo puerto de aguas profundas de 15 muelles en Chancay, Perú, o un futuro complejo logístico que abarcará desde El Salvador hasta Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca, para repostar y reabastecer a sus buques de guerra con el fin de proyectar fuerza militar contra EE.UU. desde el Pacífico Oriental.

En el cálculo de la RPC de si, y cuándo, actuar contra Taiwán, el éxito en “voltear” a los estados que reconocen a Taiwán, para que reconozcan a la RPC en su lugar, podría envalentonarla. El gobierno de Santiago Peña en Paraguay, el estado geográficamente más grande que reconoce a Taiwán, se ha comprometido a mantener esas relaciones. Sin embargo, en Guatemala, el otro Estado hispanohablante del hemisferio en reconocer a Taiwán, la posición diplomática está en peligro, a pesar de las garantías del presidente Bernardo Arévalo de que mantiene su compromiso con Taiwán. El riesgo proviene tanto de los izquierdistas del partido de Arévalo, Semilla, como de los conservadores, resentidos por lo que consideran una presión excesiva de Estados Unidos contra las instituciones guatemaltecas para impedir el bloqueo de la elección y la toma de posesión de Arévalo, que ahora miran hacia la RPC, como una protección contra futuras acciones legales de Estados Unidos contra ellos, si vuelven al poder.

Dentro de América Latina, los cambios de Taiwán a la RPC han producido empíricamente rápidos avances en la influencia y presencia de la RPC en el país que cambia. Ese rápido avance se ve facilitado por la firma de numerosos memorandos de entendimiento y la negociación de tratados de libre comercio, la apertura de los mercados locales a empresas con sede en la RPC en sectores que van desde la construcción a la electricidad, pasando por las telecomunicaciones, además de acuerdos para formar a personal gubernamental en cómo relacionarse con China, viajes de un gran número de periodistas a la RPC auspiciados por el Partido Comunista Chino y, en el caso de Nicaragua, incluso la formación de personal militar y policial.

En Centroamérica en particular, es particularmente preocupante el avance de la RPC en proyectos de infraestructura, actividades de carácter estratégico en países geográficamente cercanos a EEUU y expuestos a trabajar con la RPC a través de instituciones débiles. En Honduras, la capacitación de periodistas y funcionarios gubernamentales se complementa con la propuesta de trabajo en el corredor del “canal seco” CA4, que conectará el puerto de San Lorenzo en el Golfo de Fonseca, a ser mejorado por los chinos, con instalaciones en el Atlántico, a ser conectadas por los chinos con el continente a través de puentes mejorados. Estas infraestructuras complementarían proyectos de la RPC como el nuevo aeropuerto de Punta Huete, en el noroeste de Nicaragua, y un eventual enlace ferroviario desde Corinto, en la costa del Pacífico, hasta Bluefields, en el Atlántico, y darían nueva vida al desarrollo chino del puerto de La Unión, en el lado norte del golfo de Fonseca, creando un grupo de regímenes dominados por la RPC geográficamente cercanos a EEUU, operando puertos estratégicos y otras infraestructuras que permitirían a las fuerzas de la RPC y otros activos desplazarse del Atlántico al Pacífico en tiempo de guerra. Un vuelco de Taiwán a la RPC por parte de Guatemala, como se ha señalado anteriormente, complicaría aún más esta situación.

Aparte de sus efectos en el aumento de la probabilidad de una guerra en el Indopacífico, y el avance de la influencia de la RPC en América Latina, los cambios en el reconocimiento de Taiwán a la RPC han proporcionado históricamente poco o ningún beneficio a los países latinoamericanos que hacen el cambio. Empíricamente, cuando se considera la pérdida de ventas a través de Taiwán, prácticamente todos los países que han cambiado han perdido más exportaciones de las que han ganado en los años siguientes al reconocimiento, incluso mientras las importaciones de productos de la RPC han aumentado, perjudicando a los productores locales. La figura 1, a continuación, con datos del Fondo Monetario Internacional, muestra la trayectoria de las exportaciones a la RPC más Taiwán, desde el año anterior hasta dos años después del cambio de reconocimiento. En la mayoría de los casos, el crecimiento del comercio es insignificante. En el caso de la República Dominicana y El Salvador, las exportaciones netas disminuyen.

Este resultado es especialmente comprensible para los pequeños Estados de América Central y el Caribe, cuyos principales productos de exportación son el café y otros productos agrícolas perecederos. Dichos productores no pueden competir con proveedores de bienes similares más cercanos a China, como Filipinas o Vietnam, cuando los productores latinoamericanos tienen que enviar sus productos al otro lado del mundo en aviones o contenedores refrigerados. Para agravar la desventaja de los productores latinoamericanos a la hora de acceder al mercado de la RPC, el tamaño de su capacidad de producción tradicionalmente sólo permite exportar pequeños lotes de mercancías de atractivo limitado para las necesidades del mercado de la RPC. Además, las agencias nacionales de promoción de las exportaciones de los pequeños Estados centroamericanos y caribeños carecen naturalmente de experiencia en la realización de negocios en el complejo mercado de la RPC, tan distante cultural y geográficamente.

Como complemento a los retos a los que se enfrentan los exportadores de los países que “cambian” sus relaciones, los proyectos de infraestructura proporcionados por la República Popular China a los gobiernos que acaban de reconocer sus derechos suelen aportar pocos beneficios a la economía local, debido a la insistencia de la República Popular China en utilizar principalmente trabajadores y equipos chinos, en lugar de locales, para dichos proyectos, y a los contratos, a menudo unilaterales, que los chinos firman con socios latinoamericanos cuyas burocracias carecen de la sofisticación técnica y la posición negociadora necesarias para negociar un mejor acuerdo para sí mismos.

Las dificultades para la nación que cambia las relaciones también incluyen los frecuentes problemas y efectos medioambientales colaterales asociados a la ejecución china. Ejemplos de ello son los trabajos chinos en la autopista de la Ruta 32 en Costa Rica, sumida en batallas legales y aún sin terminar más de 17 años después de que Costa Rica cambiara el reconocimiento a la RPC, la refinería de Recope, cancelada por Costa Rica después de que China National Petroleum Corporation intentara tres veces utilizar su propia filial para el estudio técnico que justificaba el gasto costarricense en el proyecto, la biblioteca de El Salvador, cuyo coste anual para operar la mastodóntica instalación, es casi superior a los 50 millones de dólares que costó a los chinos construirla, imponiendo una carga a la estresada situación fiscal salvadoreña, y las dos plantas de tratamiento de aguas, en las que los chinos intentaron aumentar el precio después de ofrecer el proyecto inicial, representado públicamente como una “donación”.

En contraste con los problemas de los socios latinoamericanos para obtener los beneficios esperados de la RPC, los Estados que abandonan Taiwán pierden el valor de su contribución como socio. Tradicionalmente, éstas han incluido proyectos de desarrollo concebidos para mejorar la situación del socio local. La cultura de Taiwán como democracia también es especialmente importante, sobre todo cuando proporciona ayuda en asuntos delicados como la formación de fuerzas policiales, periodistas y funcionarios del gobierno. Permitir que sea la RPC, con su cultura autoritaria, la que imparta dicha formación, podría dar ejemplos y lecciones a la policía sobre cómo tratar a los manifestantes civiles, o a los periodistas sobre cómo relacionarse con el gobierno, lo que sería incoherente con las normas de las democracias bajo presión en la región.

Los patrones ilustrados en esta sección sugieren la importancia de que América Latina preste mayor atención a la dinámica de Asia, incluyendo el impacto de la agresión de la RPC en la región, y cómo podría afectar en última instancia a América Latina y el Caribe. También sugiere que la posición de Taiwán en América Latina debe ser salvaguardada, tanto por su impacto en la estabilidad de Asia, como por su beneficio como socio de aquellos que lo reconocen. América Latina ha tenido una historia compleja en su relación con Estados Unidos durante la Guerra Fría y antes. No debe confundir los imperativos del mundo interdependiente de hoy, y las realidades de la RPC, con esa experiencia. Abdicar de los imperativos de sus propios intereses materiales y morales bajo el lema de no “involucrarse en la competencia entre grandes potencias” no es una opción. A América Latina le conviene estar atenta a lo que ocurre en Asia, a las realidades de la colaboración con la RPC y a la importancia estratégica de la supervivencia de Taiwán como Estado democrático autónomo y socio.

Evan Ellis es profesor de investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente suyas.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros.