La Contraloría General de la República ha expuesto serias irregularidades en la gestión de bienes incautados a organizaciones criminales, administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante el gobierno de Iván Duque. Entre los bienes perdidos o vendidos a precios significativamente subvalorados se encuentran relojes de lujo, alambiques, oro y vehículos, incluyendo caballos de paso fino, todo con un valor estimado que supera los $28,000 millones.
Estos hallazgos no solo representan una pérdida económica considerable, sino que también podrían llevar a la nación a enfrentar demandas millonarias. El informe de la Contraloría, con corte al 31 de diciembre de 2023, identificó cuatro casos con presunta incidencia penal y 30 con posibles consecuencias disciplinarias.
Entre los bienes detectados, destacan relojes Rolex y oro que fueron vendidos o se perdieron, caballos de paso fino (quince en total) vendidos a precios muy por debajo de su valor comercial real, y 31 taxis que representan un daño patrimonial que supera los mil millones de pesos. Además, se encontraron alambiques utilizados en la producción ilegal de licor adulterado, un problema que añade una dimensión criminal adicional a la situación.
La Contraloría encontró diversas irregularidades en la gestión de estos bienes, incluyendo pagos de servicios públicos sin identificar, muebles arrendados sin pólizas vigentes, entregas de depósitos irregulares y fallas en la actualización de cánones de arrendamiento y avalúos. Las irregularidades en los pagos de cuotas de administración y cánones de arrendamiento se estiman en más de mil millones de pesos. Estas fallas no solo reflejan una mala administración, sino que también permiten que bienes incautados se utilicen para actividades ilegales, como la venta de licor adulterado.
El informe de la Contraloría revela un patrón de negligencia y posibles actos de corrupción en la gestión de los bienes administrados por la SAE. Estos bienes, que deberían ser aprovechados para el bienestar público y la reparación de víctimas, han sido mal administrados, resultando en pérdidas significativas y un posible daño patrimonial para el Estado.
Las irregularidades señaladas por la Contraloría no solo ponen en evidencia un manejo deficiente de los bienes incautados a la mafia, sino que también destacan la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en la SAE. La gestión inadecuada de estos activos no solo implica pérdidas económicas, sino también riesgos legales y reputacionales para la nación.
El informe subraya la urgencia de implementar medidas correctivas para asegurar una administración más transparente y eficiente de los bienes incautados. Se requiere una reforma integral en la SAE que incluya la mejora de los procedimientos de inventario, venta y custodia de los bienes incautados, así como una mayor transparencia en la gestión de estos activos. Es esencial que estos recursos, que deberían contribuir al bienestar público, no se vean comprometidos por prácticas irregulares y desvíos de fondos.
Además, el informe de la Contraloría sugiere la creación de un sistema de auditoría continua y la implementación de sanciones estrictas para aquellos responsables de la mala gestión y las irregularidades detectadas. Solo mediante una vigilancia rigurosa y una administración responsable se puede asegurar que los bienes incautados a la mafia cumplan su propósito de justicia y reparación para las víctimas.
Las revelaciones de la Contraloría sobre la gestión de bienes incautados resaltan la necesidad de una acción inmediata y contundente para corregir las deficiencias en la administración de estos activos. La implementación de controles más estrictos y la mejora de los procesos de gestión son cruciales para prevenir futuras pérdidas y garantizar que los recursos recuperados de actividades criminales se utilicen en beneficio de la sociedad.
carloscastaneda@prensamercosur.org