Familiares de víctimas de la represión protestan en Ministerio Público de Barquisimeto

Familiares de jóvenes asesinados por la represión en Venezuela protestaron frente a la sede del Ministerio Público en Barquisimeto, estado Lara. Exigieron justicia y que los responsables de las muertes de las víctimas sean debidamente sancionados.

Además, el comité de la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017 (Alfavic) denunció retrasos y obstáculos en las investigaciones. También pidió respuestas efectivas e inmediatas del gobierno de Nicolás Maduro sobre las ejecuciones extrajudiciales.

«El Ministerio Público tiene una deuda con las víctimas. El Estado está obligado a investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Esto es imprescriptible, no está sujeto a amnistía, no puede ser negociado ni pactado en ningún escenario político», dijo a la prensa Elvira Pernalete, madre del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas del 2017.

Indicaron que «la justicia no es venganza y la impunidad no es una opción» y que no están pidiendo que «les hagan un favor» sino que se respeten sus derechos establecidos en la Constitución del país.

Recordaron el artículo 51, que reza: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta

Entregaron documentos a Fiscalía

En horas de la mañana, seis de los manifestantes ingresaron a la sede del Ministerio Público para entregar documentos que solicitan la celeridad en la investigación de cada caso. Con pancartas y globos blancos los familiares rindieron homenaje a las víctimas a las afueras de la institución.

Organizaciones nacionales e internacionales ya se han pronunciado en múltiples oportunidades para pedir al Estado que tome acciones pertinentes para identificar y castigar a los responsables de estos delitos.

Sobre ellos, el 30 de abril de 2024 la ONG Provea publicó su informe anual y denunció que entre 2013 y 2023 ocurrieron más de 10.000 asesinatos por funcionarios de los diferentes cuerpos de ley en Venezuela, la mayoría en sectores populares.

También reportó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sería presuntamente responsable del 30% de estas víctimas.