El organismo señaló que las restricciones basadas en el estatus migratorio de los expatriados vulneran sus derechos políticos y afectan la transparencia del proceso electoral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este martes al régimen de Venezuela “garantizar el derecho al voto de connacionales que residen en el extranjero, sin distinción de su estatus migratorio” de cara a las presidenciales del 28 julio.
Mediante un comunicado, el organismo expresó su “preocupación por los impedimentos que enfrentan las personas venezolanas que residen en el exterior para inscribirse en el registro electoral” debido a su estatus migratorio.
“Estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia”, denunció la Comisión, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los consulados venezolanos, por instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro, exigen una visa de residente como única prueba para la inscripción en el registro electoral.
Muchos no la tienen porque no han regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación diferente, como el permiso por protección temporal en Colombia, el permiso temporal de permanencia en Perú, la visa de residencia temporal de excepción en Ecuador o la residencia temporal en Chile.
Al menos 7,7 millones de personas “han salido forzosamente del país desde el 2015″ debido a “la grave crisis de derechos humanos” y aunque se desconoce cuántas de ellas tienen más de 18 años algunas organizaciones calculan que unos 5,5 millones estarían habilitadas para votar, explicó la Comisión.
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Exigir a millones de personas en el extranjero que presenten una visa de residente para inscribirse en el registro electoral “es arbitrario y afecta la integridad de la elección presidencial”, insistió la CIDH.
Además “considerar inhabilitadas a votar a quienes no tienen visas de residencia representa una forma de criminalizar la migración pues, en la práctica, equipara a quienes salieron del país con personas condenadas por delitos”.
Por eso la CIDH urgió al dictador Nicolás Maduro a adoptar “las medidas necesarias” para que estos venezolanos puedan “votar en condiciones de igualdad con los demás nacionales” y “restablezca de manera inmediata la separación e independencia de los poderes públicos”.
El régimen venezolano acusa a la oposición de tramar presuntos planes conspirativos contra Maduro que se enfrentará en las urnas al diplomático Edmundo González Urrutia.
Este último sustituye a la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada por la Contraloría oficialista.
Persecución política
Machado denunció este lunes la detención de Javier Cisneros y Gabriel González, dos colaboradores de la campaña presidencial de González Urrutia, con lo que sube a cinco el total de jóvenes antichavistas arrestados desde el viernes.
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Esto es “el régimen criminalizando la ruta electoral”, dijo la líder opositora, que cifró en 37 el total de opositores detenidos en lo que va de año, de los cuales 20 están directamente vinculados con el comando de campaña de González Urrutia.
Machado explicó que Cisneros, líder juvenil de su partido Vente Venezuela (VV), y González, del equipo de comunicaciones de la formación, “salieron a comprar algo para almorzar”, cerca de la sede política, cuando fueron “interceptados y llevados al Helicoide”, donde se ubican los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política de Nicolás Maduro.
“Estos jóvenes están siendo vinculados a un expediente en el que se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de acompañar a nuestro candidato” durante un acto político en el estado La Guaira, cercano a Caracas.
La opositora reiteró que estos jóvenes, que “no han cometido delito alguno”, son víctimas de detenciones arbitrarias, al igual que el resto de antichavistas arrestados en los últimos meses, “de cara a un proceso electoral” en “condiciones absolutamente contrarias a cualquier estándar” democrático.
Denunció que a algunos de los detenidos se les ha negado el derecho a contar con abogados privados, en cuyo caso los defensores públicos les piden a los antichavistas culpar a Machado de planes violentos como condición para ser liberados.
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Entre el viernes y el sábado fueron detenidos los políticos Jeancarlos Rivas y Juan Iriarte, así como el periodista Luis López, todos vinculados al acto político de González Urrutia en La Guaira.
(Con información de AFP y EFE)
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