Narcotráfico: acusan al Ejército Mexicano de aliarse con criminales para combatir al cártel más sanguinario

Un informe de International Crisis Group reveló que las fuerzas estatales mexicanas conformaron un frente común con delincuentes para luchar contra el narcotráfico.

El crecimiento del narcotráfico en México es una de las máximas preocupaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su sucesora, Claudia Sheinbaum. Según un informe de International Crisis Group, los enfrentamientos entre el ejército y el Cártel Jalisco Nueva Generación habrían llegado al punto crítico de que las fuerzas de seguridad recurrieron a alianzas con otras bandas criminales para enfrentar el poder de Jalisco.

En DEF te contamos los detalles de este informe y cómo fue el frente que rivalizó al poder narco de Jalisco.

¿Quién combate al narcotráfico en México?

El negocio de las drogas y la peligrosidad de los actores que se benefician económicamente componen un problema histórico de México. El ejército mexicano había salido a las calles a combatir al narcotráfico por orden del expresidente Felipe Calderón y la directiva se mantuvo con su sucesor en el cargo, Enrique Peña Nieto.

En su campaña de 2018, AMLO prometió poner fin a la guerra contra las drogas y devolver a los militares a sus cuarteles. Tras ganar las elecciones, estuvo lejos de su promesa y en 2019 impulsó el despliegue de tropas con la creación de una nueva fuerza militar, la Guardia Nacional (GN).

El cambio tuvo que ser aprobado a través de una reforma constitucional, la cual le asignaba un carácter civil, policial y profesional. El nuevo cuerpo estuvo bajo la esfera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego pasó a ser monitoreada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta que se decretó la inconstitucionalidad del traspaso.

El presidente amplió el papel de los militares en la seguridad pública y les asignó funciones en materia de infraestructura, control migratorio y gestión de puertos y aeropuertos.

Además, la GN está habilitada para realizar vigilancia y rastreo de información en redes sociales; a requerir documentación e informes a autoridades y a personas físicas o morales; a intervenir comunicaciones privadas y geolocalización, y participar junto al Instituto Nacional de Migración (INM) en el aseguramiento y detención de personas migrantes.

A pesar de ser conformada como una fuerza civil y policial, nunca se capacitó como tal. Para finales de 2021, sólo el 25% de sus elementos contaba con el Certificado Único Policial, documento que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para desempeñar su cargo, y determina su paso por las instituciones de seguridad pública.

Para 2023, la Guardia Nacional tenía aproximadamente 100.332 integrantes, de los cuales:

• 60.728 pertenecían a la Sedena
• 16.788 a la Secretaría de Marina (Semar)
• 22.062 a la extinta Policía Federal
• 754 era nuevo personal reclutado

No solo la implicancia de los militares en la seguridad nacional permanece, sino que creció en cantidad de activos y dinero que reciben del Estado mexicano. Según el presupuesto aprobado para 2024, el 20% del gasto estatal se destina al financiamiento de las fuerzas armadas: 257 millones de dólares en fondos adicionales hacia instituciones militares.

Las últimas estimaciones arrojan que en abril de 2024 México tuvo a 300.000 soldados en las calles, de los cuales 160.000 responderían a la GN y el resto al Ejército, superando por primera vez el número de oficiales de la policía.

Los defectos de la estrategia de AMLO contra la delincuencia

Bajo la gestión de López Obrador, se registraron más de 185.000 asesinatos, récord absoluto en un mandato presidencial. Los catalogados como crímenes atroces -que incluyen homicidios múltiples y violencia extrema como mutilaciones- aumentaron un 19% entre 2021 y 2023.

Su estrategia “Abrazos, no balazos”, fue un intento de combatir el delito concentrándose en los factores que llevan a la criminalidad y dejando el combate armado en un segundo plano.

Este reperfilamiento, lejos de la mano dura que caracterizó períodos anteriores, traía nuevas herramientas como la reducción de las medidas prohibitivas en relación a las drogas para achicar los márgenes de los grupos criminales o elevar las penas de delitos de cuello blanco, como el lavado de dinero, y así desalentar la corrupción.

El reporte de International Crisis Group identifica a un corredor que va desde la costa sur de México, atraviesa el centro del país y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, así como los territorios fronterizos como Baja California, Sonora y Tamaulipas, constituyen los focos más altos de violencia en el país, con clara responsabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo al Plan Nacional de Paz y Seguridad desarrollado por AMLO, la Guardia Nacional y el Ejército se apostaron en los territorios con mayor tasa de homicidios con el objetivo de pacificarlos. 

A raíz de la presencia de las fuerzas militares, Crisis Group denunció una coexistencia con los grupos criminales, al punto de tolerar cierto nivel de violencia y “recomendarle” a los delincuentes la evasión de los puntos de control para evitar el accionar estatal.

El método de las bandas para reducir la visibilidad de la violencia es no documentar los enfrentamientos y ocultar los cuerpos de los fallecidos, muchas veces en fosas comunes donde el Estado no tiene presencia.

En el caso del Estado de Sinaloa, la tasa de desapariciones superó a la de homicidios por primera vez en la historia y, en Ciudad de México, la fuerte caída de los homicidios estuvo acompañada por un aumento en las desapariciones.

La denuncia en contra del Ejército mexicano

El Ejército mexicano no se limitó a ser permisivo por su propio beneficio, sino que eligió a qué rivales combatir y cómo hacerlo. La revelación más importante del informe es que existieron combates que no se conocían hasta la fecha con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En estos enfrentamientos en Tepalcatepec y Buenavista, las fuerzas especiales lograron eliminar a cerca de 400 combatientes del CJNG, cifras que no figuran en ningún reporte ni en las estadísticas informadas por el Estado.

Para la operación se conformó un frente conjunto: dos grupos ilegales, un funcionario federal de alto rango, autoridades locales, soldados y delincuentes se aliaron para enfrentar al grupo narco comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Una vez confirmada la coalición y la posibilidad de realizar fosas clandestinas para descartar toda posible evidencia, los activos del Ejército actuaron en contra del cártel de Jalisco.

La denuncia de Crisis Group implica a los militares en un crimen de lesa humanidad y un accionar que va en contra de las directivas originales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto constituye un grave problema para la credibilidad de las fuerzas de seguridad que heredará la mandataria electa de Morena, Claudia Sheinbaum.