En el cierre de los diálogos de la mesa regional de concertación de Los Pastos y Quillasingas en Ipiales, Nariño, el presidente Gustavo Petro destacó la necesidad del “poder constituyente del pueblo” en respuesta a lo que considera un incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc-EP. Acompañado por el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el mandatario subrayó la urgencia de este poder debido a que su gobierno se encuentra “acorralado”.
Petro resaltó que, a pesar de haber logrado una mayor ejecución con las comunidades de la región en comparación con el resto del país, aún queda mucho por hacer. “Es importante determinar los pasos a seguir en estos 26 meses que quedan”, mencionó, refiriéndose al tiempo restante de su mandato. En este contexto, enfatizó que su proyecto político aspira a mantenerse en el poder mediante resultados favorables en las elecciones de 2026, aunque descartó la posibilidad de buscar una reelección.
“Cuando un pueblo decide sobre un gobierno o las instituciones del Estado, ejerce lo que se llama ‘poder constituyente’. Ha comenzado el poder constituyente en Colombia”, explicó Petro, diferenciando este concepto de la Asamblea Constituyente. Añadió que el verdadero cambio no debe ser solo una palabra, sino una realidad tangible, especialmente ante las dificultades actuales.
El presidente también se refirió al Acuerdo de Paz de 2016, señalando que no fue un pacto con el pueblo, sino entre el Estado, representado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y las Farc. Esta falta de participación popular, según Petro, fue una de las razones por las cuales el ‘No’ ganó en el plebiscito. Destacó tres ejes del acuerdo: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial, afirmando que ninguno de estos ha sido completamente implementado.
Petro criticó que la reforma agraria no se haya cumplido debido a la imposibilidad de obtener tierras de manera voluntaria de sus propietarios. Cuestionó también la falta de ejecución de los fondos girados al OCAD Paz para proyectos de inversión relacionados con el acuerdo y anunció la creación de una mesa de acuerdo regional en Nariño para supervisar estos recursos.
En cuanto a la justicia, el presidente cuestionó la ineficacia de la justicia colombiana comparada con la estadounidense en casos como el de Chiquita Brands y el paramilitarismo en Urabá. Atribuyó esta ineficacia a la corrupción y la influencia paramilitar dentro del sistema judicial colombiano.
Petro concluyó que estos incumplimientos se deben a la incapacidad de la oligarquía colombiana para acordar cambios normativos que permitan la implementación del Acuerdo de Paz. “Por eso quieren tumbar el gobierno del cambio”, afirmó, llamando al pueblo colombiano a expresarse y defender los ejes que benefician a la mayoría de la población.
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