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La multinacional estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en un juicio celebrado en Estados Unidos. La sentencia reveló que la empresa realizó pagos por más de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, marcando un hito en la lucha contra la impunidad de corporaciones involucradas en violaciones de derechos humanos.
Durante seis semanas de juicio, se documentaron los pagos de Chiquita Brands a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad expuso que estos pagos, justificados como “seguridad privada”, en realidad sostenían las actividades delictivas de los paramilitares en regiones bananeras de Colombia.
Jack Scarola, abogado de las víctimas, calificó estos acuerdos como un “pacto con el diablo”, argumentando que la empresa no puede ser exonerada a pesar de las amenazas y extorsiones recibidas. La justicia estadounidense determinó que Chiquita no logró demostrar que los pagos eran una respuesta a una amenaza ilegal, inmediata e inminente, y que no tenía otra alternativa razonable.
Entre 1997 y 2004, se registraron 97 masacres en la región de Urabá, con un saldo de 607 víctimas. Las AUC, responsables de más de 4,000 víctimas en esa área, usaron los fondos de Chiquita para fortalecer su control y cometer crímenes de guerra. A pesar de que exdirectivos de Chiquita fueron señalados por su complicidad, la justicia colombiana no ha impuesto sanciones significativas hasta el momento.
La sentencia contra Chiquita Brands incluye una indemnización de 38,3 millones de dólares para los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Este fallo envía un mensaje claro a las corporaciones globales: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Marco Simons, asesor general de EarthRights International, destacó la importancia de este veredicto para las víctimas que lucharon durante años por justicia.
El proceso judicial contra Chiquita Brands comenzó en 2007, cuando EarthRights International y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva en nombre de las víctimas de las AUC. Aunque la multinacional admitió en 2007 haber realizado los pagos y recibió una multa de 25 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., este dinero nunca llegó a las víctimas colombianas.
Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, lamentó la impunidad persistente en Colombia y exigió que la justicia local tome medidas contra quienes financiaron el paramilitarismo. Hasta ahora, ni la justicia ordinaria ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han abordado adecuadamente este caso.
carloscastaneda@prensamercosur..org
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