Estudiantes de la UCV exigen que tablas de aranceles se discutan en Consejo Universitario tras protestas en Faces

Representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV) piden que las listas de aranceles por servicios administrativos sean un punto de discusión en el Consejo Universitario, tras las protestas de jóvenes debido a los montos establecidos en la facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces).

El 4 de junio un grupo de alumnos exigió, frente al decanato de la facultad, que se «sinceraran los costos» de los aranceles que se deben cancelar por concepto de inscripciones y certificaciones.

Se quejaron debido a la tabla publicada, según la cual se requería pagar 363 bolívares (9,9 dólares al cambio del BCV) por una constancia de inscripción y 2.181 bolívares (60 dólares) por una constancia de horario para certificar, entre otros documentos.

El más costoso de los aranceles correspondía a la certificación de contenido programático firmada por el decano, para los egresados de pregrado (6.537 bolívares equivalentes a 179 dólares).

Tras los múltiples reclamos y denuncias de que se estaba «privatizando la educación» en una institución pública, el decano de Faces, profesor Luis Angarita, se comprometió ese mismo día a escuchar a los estudiantes sobre el tema. Sin embargo, esta no es la única facultad que incrementó los costos, una decisión que se tomó en el Núcleo de Decanos hace dos meses.

Andrés Calpavire, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, informó a Efecto Cocuyo que, en la facultad de Ingeniería los nuevos aranceles también fueron rechazados por los alumnos.

«Cuando salió la resolución del Núcleo de Decanos, en algunas facultades empezó a aplicarse de una vez. La FCU y la representación estudiantil ante el Consejo Universitario lo que hicimos fue ir con un derecho de palabra al Núcleo de Decanos, donde planteamos que esta discusión debe darse con los estudiantes y que, en principio, se tienen que asegurar la transparencia de los recursos», dijo Calpavire.

Este 4 de junio en la sesión del Consejo Universitario no se mencionó el tema, aseguró el estudiante.

Piden incorporarse a la discusión

Calpavire reiteró que los decanos no consultaron con la comunidad estudiantil antes de fijar los montos arancelarios y advirtió que este tipo de decisiones, en una universidad que pasa por una grave crisis, requiere estar acompañada de un estudio socioeconómico de los alumnos.

«Todos sabemos que muchos no poseen los recursos y que se forman en la universidad sin tener la capacidad económica para pagar 20 dólares por inscripción. Ese estudio socioeconómico debería realizarse en conjunto con la Organización de Bienestar Estudiantil, para que los trabajadores sociales analicen los casos particulares», explicó.

Además, los estudiantes alegaron que existe un reglamento de finales del siglo pasado, reformado en varias oportunidades, con una tabla de aranceles en unidades tributarias (Reglamento de Pagos por Servicios Administrativos de la Universidad Central de Venezuela).

«Sabemos que actualmente esto no se usa, pero lo que alegamos, tanto en el Núcleo de Decanos como en un derecho de palabra en el Consejo Universitario, es que, si no se ha reformado ese reglamento, los nuevos aranceles que están en vigencia en algunas facultades están viciados de nulidad y deben ser suspendidos», dijo Calpavire.

Qué dijo el decano de Faces

El decano de Faces, doctor Luis Angarita, conversó este 5 de junio con Efecto Cocuyo vía telefónica y recordó que la UCV sufre una de las crisis presupuestarias más grandes en su historia contemporánea y que recibe un bolívar de cada diez mil que solicita al Estado.

«El presupuesto universitario lleva más de 15 años congelado y cada facultad recibe mensualmente para el funcionamiento 8 mil bolívares, que no llegan a ser 250 dólares para facultades que administran, en el caso de Faces, cinco edificaciones con 5 mil estudiantes, con más de 400 profesores activos y 200 empleados, que hacen que la gestión administrativa sea muy pesada», dijo Angarita.

Señaló que las nuevas autoridades de la UCV llevan menos de un año gestionando las instituciones que funcionan dentro de la casa de estudios y que «están tratando de organizar el concepto y el modelo de universidad», con criterios de sostenibilidad.

«Sin desconocer la gratuidad de la enseñanza y la responsabilidad del Estado, entender que la universidad debe tener autonomía administrativa y financiera. Conseguimos que habían tablas de aranceles que estaban desactualizadas, generando un desorden administrativo entre las escuelas y facultades y el criterio de todos los decanos fue tratar de re-institucionalizar», explicó el decano.

Indicó que debido a ello se empezó a debatir la tabla de aranceles, que en Faces se conoció el último mes.

«Hay un debate procedimental, la tabla está en proceso de discusión (…) Avanzar en el proceso y construir una tabla entre todos los miembros le da certeza a cada uno de los miembros de la comunidad. La idea es buscar soluciones efectivas y eficientes que mejoren la calidad de los servicios para los estudiantes», expresó Angarita.

Aseguró que los aranceles están orientados a mejorar la calidad de servicios estudiantiles que no alcanzan a cubrir ni siquiera el 20 % de los egresos de las facultades.

«Están orientados a cuestiones muy directas, por ejemplo, recuperar el turno nocturno de las escuelas. Esto implica equipamiento para el personal de vigilancia, lámparas. Digamos también servicios estudiantiles para robustecer plataformas tecnológicas, equipos. Nosotros estamos tratando de conceptualizar el modelo de universidad, generar ingresos de distintas maneras», comentó.

Indicó que el reajuste de aranceles no es la única medida que están planteando las facultades para el financiamiento de algunas áreas: también han reformado el reglamento de ingresos propios para docentes y planteado el uso de los aranceles de posgrado dentro de la universidad.

Los perfiles socioeconómicos en la UCV

El 17 de mayo de 2024, Amalio Belmonte, sociólogo, exsecretario y exvicerrector administrativo de la UCV aseguró en entrevista a Unión Radio que el número de estudiantes en la casa de estudios ha disminuido un 40 % debido a que muchas familias no cuentan con los recursos para que los jóvenes terminen una carrera universitaria.

«Muchos estudiantes no pueden continuar sus estudios por temas económicos. Hay muchos jóvenes con capacidad intelectual, pero que sus familias no tienen los recursos para mantenerlos en sus estudios», dijo Belmonte.

En 2023, la Central tenía una matrícula de alrededor 20 mil estudiantes. Sin embargo, no hay datos oficiales actualizados que indiquen cuál es la situación socioeconómica de esta población.

«Sabemos que hay estudiantes que no tienen un ingreso propio. Hace un mes y medio hicimos una encuesta para saber si los estudiantes estaban dispuestos a pagar algún monto por el carnet estudiantil, porque se estaba discutiendo que el carnet tuviera algún costo para conseguir los recursos. En ese momento, al menos la mitad de los encuestados alegaron no tener un ingreso propio», explicó Capalvire.

Aseguró que la situación es compleja y que la estructura de costos de las facultades deben tomar en cuenta estos factores.

«Los estudiantes quieren participar en el proceso de discusión cada uno de cada uno de los montos. Hay información importante: el 80 % de los estudiantes entiende la necesidad de aranceles y la mayoría quiere debatir los montos de los trámites administrativos», puntualizó Angarita sobre el tema.