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El proyecto de ley estatutaria que define la estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural está a un paso de convertirse en realidad, tras su reciente aprobación por la plenaria de la Cámara de Representantes. Una vez promulgada, esta ley derogará todas las disposiciones contrarias y entrará en vigor, marcando un hito en el acceso a la justicia para los campesinos y comunidades rurales de Colombia.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó la importancia del proyecto: “Este proyecto tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con la expropiación. Precisamente, lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. El proyecto no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”.
El proyecto, que ahora pasa a la etapa de conciliación y espera la sanción del presidente Gustavo Petro, propone la creación de tribunales y juzgados especializados en conflictos agrarios y rurales. Dependiendo del tipo de conflicto, los órganos de cierre serán la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, respectivamente, cuando los conflictos sean entre particulares o entre particulares y el Estado.
Además, se establecerán Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, que ofrecerán soporte pericial a jueces y magistrados con un enfoque étnico y cultural. Los usuarios de la justicia también contarán con facilitadores agrarios y rurales, profesionales que orientarán a la ciudadanía sobre el acceso a la justicia en estos temas.
Para garantizar la selección de los mejores profesionales, se realizarán concursos de méritos para jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.
Queda pendiente la discusión de la ley ordinaria, que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción. Esta legislación detallará los requisitos para presentar demandas, el procedimiento para la práctica de pruebas, y otros aspectos necesarios para el funcionamiento eficaz de la Jurisdicción Agraria y Rural.
La aprobación de esta estructura representa un paso crucial hacia una justicia más equitativa y eficiente para los sectores rurales de Colombia, asegurando la protección de la propiedad rural y mejorando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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